Nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa

Uno de los principios más importantes del debido proceso penal es que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Así lo establecen los tratados internacionales y también el derecho penal salvadoreño.

Sin embargo, esto no importa en el actual sistema judicial del país controlado, dominado y cooptado por el régimen autoritario del presidente inconstitucional de Nayib Bukele.

Y esto importa mucho menos cuando se trata de perseguir judicialmente a activistas ambientales que se oponen a la apuesta gubernamental por la minería metálica, a quienes se necesita condenar a toda costa.

Por eso los líderes ambientalistas de Santa Marta y ADES serán juzgados nuevamente durante esta semana, por el Juzgado de Sentencia de San Vicente.

Ellos ya habían sido absueltos el pasado 18 de octubre por el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque. Por unanimidad, las tres juezas que integran este tribunal determinaron que el caso ya prescribió y que, por tanto, ya no es posible la acción penal.

No obstante, la Cámara Penal de Cojutepeque anuló el fallo absolutorio un mes después y ordenó repetir el juicio en otro tribunal, tal como lo había solicitado la Fiscalía en un recurso de apelación.

Como han advertido organizaciones defensoras de derechos humanos, la repetición de la vista pública constituye un precedente nefasto en la aplicación de justicia en El Salvador.

Santa Marta y las organizaciones que apoyan la demanda de libertad de los ambientalistas alertan sobre un plan macabro de condenarlos, encarcelarlos y probablemente asesinarlos al interior del sistema penitenciario. Y las señales de falta de independencia del tribunal aumentan los temores.

Al final de la semana pasada un medio digital publicó que el Juzgado de San Vicente consultará a la Fiscalía su opinión sobre la petición de observadores internacionales que han solicitado estar presentes en la audiencia.

Este vergonzoso episodio muestra un sometimiento de los jueces ante la Fiscalía, ya que se trata de un aspecto administrativo que le compete resolver única y directamente al tribunal sin necesidad de tener la opinión de ninguna de las partes involucradas en el proceso.

Entre los observadores hay representantes de embajadas de países amigos de El Salvador, universidades extranjeras y organismos internacionales que han participado ya en otras audiencias del caso.

En diferentes momentos de este proceso judicial, Diario Co Latino se ha pronunciado por la justicia, la legalidad y el respeto al trabajo de los defensores ambientales. Hoy, nuevamente, alzamos nuestra voz junto al movimiento nacional contra la minería, centenares de organizaciones de  44 países y la Relatoría Especial sobre Defensores de Derechos Humanos de la ONU, quienes han exigido cerrar este caso y terminar con esta persecución contra el activismo ambiental.