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@JoakinSalazar
El Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador dará el fallo, el próximo 26 de agosto, contra los 17 imputados vinculados con la entrega de beneficios para privados de libertad durante el periodo de la pacificación pactada entre Pandillas.
Este viernes, el Juzgado Especializado terminó con la audiencia de vista pública en contra de Raúl Mijango, quien fungió como mediador de la denominada tregua entre pandillas y el ex director general de centros penales Nelson Rauda Portillo, y otras 15 personas acusadas de Introducción de Objetos Prohibidos a Centros Penales, Falsedad Ideológica, Agrupaciones Ilícitas y otros delitos.
En sus alegatos finales, la Fiscalía General de la República pidió penas de prisión que oscilan entre los 6 y 18 años de prisión para los imputados.
La pena más alta de 18 años ha sido pedida contra el ex director de centros penales Nelson Rauda y contra el ex inspector general de centros penales Anílver Eduviges Rodríguez. Porque los delitos que se les imputan se agravan al haberse desempeñado como funcionarios públicos.
Contra el mediador Raúl Mijango han sido pedidos 12 años de prisión, por los delitos de Introducción de Objetos Prohibidos a Centros Penales y Agrupaciones Ilícitas.
Mientras que contra el subinspector Roberto Castillo Díaz, miembro del Organismo de Inteligencia del Estado, quien durante la tregua se desempeñó como asistente de Mijango, se pidió 14 años de prisión por los delitos de Tráfico e Introducción de Objetos Prohibidos a Centros Penales y Agrupaciones Ilícitas.
Para los miembros de los concejos criminológicos la Fiscalía solicitó una condena de seis años para cada uno; mientras que para cinco ex directores de centros penales la petición fue de 14 años por Tráfico e Introducción de Objetos Prohibidos a Centros Penales y por Incumplimiento de Deberes.
A juicio de la representación Fiscal, las declaraciones de “Nalo” un pandillero criteriado, han demostrado que los imputados cometieron los ilícitos, además que los principales partidos políticos entregaron dinero a las pandillas a cambio de votos.
Contrario a ello, la defensa técnica señala que la intención de Nalo es salvarse él, para lo cual ha mentido en el juicio. Por lo que su declaración no tiene validez. Motivo por el que la defensa solicitó una absolución para todos, basados en que los imputados solo fueron parte de una política de Estado impulsada por el gobierno del ex presidente Mauricio Funes Cartagena. Asimismo, piden que se desacredite al testigo Nalo, por supuesto falso testimonio.
