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(Colectivo de investigación y análisis “Tetzáhuitl”)
- La campaña presidencial de Bukele en el 2019
Bukele se presentó ante la población como un candidato procedente de las filas de la izquierda que una vez en la Presidencia trabajaría por mejorar las condiciones de vida de las familias de menos ingresos, erradicaría la pobreza y lucharía en contra de los privilegios de los grupos oligárquicos del país a los que definió como “poderes fácticos”.
Aunque corrió con la bandera de un partido de derecha (GANA), del que había dicho unos meses atrás que nunca ingresaría, su plataforma de gobierno, conocida como “Plan Cuscatlán”, era muy similar a la del FMLN, incluso, había plagiado algunas de sus ofertas electorales.
En ese plan ofrecía aumentar el Presupuesto Público en Salud y Educación; ampliar los programas sociales de los gobiernos del FMLN; aumentar significativamente la inversión en infraestructura social; reformar el sistema tributario del país así como el sistema privado de pensiones; acabar con los privilegios de la derecha oligárquica; desmontar el Neoliberalismo; reconstruir el tejido productivo nacional, sobre todo en el agro, dando un fuerte apoyo técnico y financiero al campesino pobre; combatir la corrupción gubernamental y el despilfarro de recursos públicos y lograr una mejor relación con Estados Unidos, donde vive una tercer parte de la población salvadoreña, manteniendo la independencia y la soberanía nacional.
Siendo candidato, Bukele criticó además a las dos administraciones del FMLN, luego de señalar en un acto público con la diáspora salvadoreña en Estados Unidos que el gobierno de Sánchez Cerén se encontraba “atrapado” por la cúpula partidaria, especialmente por algunos ex guerrilleros integrantes de la Comisión Política de entonces.
Bukele siempre mantuvo una narrativa anti-partido, que conserva a la fecha, y dijo que una vez en el gobierno iba a actuar diferente de “los mismos de siempre”, en clara referencia a las dirigencias partidarias de ARENA y el FMLN.
Pocos meses antes de celebrarse las elecciones del 2019 acuñó la expresión: “el dinero alcanza cuando nadie lo roba”.
Prometió austeridad y transparencia en el manejo del gasto público, anunció la desaparición de la partida de gastos reservados de la Presidencia, conocida como “Partida Secreta”, y anunció que daría por terminadas las prebendas de los funcionarios públicos (viajes, viáticos, seguridad, vehículos, combustible, comunicaciones, entre otros gastos).
Durante la campaña electoral y en los primeros días de la Presidencia denunció el “nepotismo” del gobierno de Sánchez Cerén.
De hecho, una de sus primeras actuaciones como Presidente fue el despido masivo de los parientes de dirigentes del FMLN contratados en el gobierno anterior, incluyendo a más de una docena de familiares del ex presidente Sánchez Cerén.
Sus ofertas más emblemáticas y que lo hacían ver como un líder de izquierda con conciencia social fueron: La construcción de nuevas escuelas, Hospitales y Unidades de Salud en todo el país; la dotación de medicamentos para las farmacias de los Hospitales Públicos hasta alcanzar un cien por ciento de abastecimiento; un aumento sustancial del Presupuesto para la Universidad de El Salvador; la construcción de residencias estudiantiles para estudiantes de bajos ingresos y la construcción de nuevas sedes regionales; un programa de becas para los estudiantes de menos recursos; la construcción de más sedes de Ciudad Mujer (un programa social exitoso que comenzó en el gobierno de Funes y que velaba por los derechos de las mujeres); la creación de nuevos programas sociales y el reforzamiento de los ya existentes; una lucha incesante contra la pobreza y la excesiva concentración del ingreso; la creación de nuevos empleos productivos; el mejoramiento del salario mínimo y de las pensiones; el impulso de una reforma tributaria progresiva en la que paga más impuestos el que gana más; la atracción de más inversión extranjera, sobre todo procedente de Estados Unidos; la innovación tecnológica a fin de hacer de El Salvador un país más competitivo; un fuerte aumento de la inversión pública en la agricultura de modo de garantizar acceso al crédito y a la tecnología a los campesinos y las cooperativas; un aumento significativo de la inversión del gobierno central en los municipios y en las zonas más pobres del país; etc.
Aunque tomó distancia de países gobernados por la izquierda como Cuba, Venezuela y Nicaragua, dijo que lo hacía porque en esos países no se respetaban los Derechos Humanos y se perseguía a la prensa y a la oposición, lo cual no dejaba de ser un posicionamiento internacional alineado a los Estados Unidos.
En suma, Bukele aparecía ante el imaginario colectivo como un candidato de izquierda que una vez en la Presidencia trabajaría por los pobres, en representación de sus intereses y aspiraciones, y en contra de los grupos oligárquicos que habían dominado el país por más de 100 años.
Esta imagen le sirvió para atraer el voto de la izquierda, cuyos electores que votaron por el FMLN en el 2009 y el 2014, creyeron ingenuamente que Bukele sería un Presidente identificado con las luchas populares y que velaría por el bienestar de los pobres y la clase media y que acabaría con la Oligarquía.
- El gobierno de Bukele no es muy diferente de los gobiernos controlados por la derecha oligárquica.
Una vez ganadas las elecciones presidenciales del 2019, Nayib mostró su verdadero rostro, su esencia derechista neoliberal y sus ansias de poder.
Cuando fue alcalde de Nuevo Cuscatlán en el 2012 y de la capital en el 2015, Bukele con el apoyo de su padre, sus hermanos, especialmente Karim, y algunos dirigentes del FMLN vinculados a José Luis Merino (alias Ramiro Vásquez), planearon la construcción de una candidatura presidencial para el 2019 que les asegurara el control del Ejecutivo por cinco años más y la conversión del FMLN de maquinaria electoral en partido-empresa, tal como lo había hecho la derecha oligárquica con ARENA por 20 años en que fue gobierno.
Bukele siempre aspiró a ser candidato presidencial para el 2019 por mucho que lo negara en público.
Para eso había trabajado con su padre y con José Luis Merino desde la Alcaldía de Nuevo Cuscatlán.
Con la negativa de Medardo González, Secretario General del FMLN durante el gobierno de Sánchez Cerén, de llevarlo como candidato presidencial para el 2019, Bukele diseñó una estrategia de ascenso al poder que iniciaba con lograr su expulsión del partido.
Fue esta expulsión de las filas partidarias lo que le permitió correr con otra bandera sin que la sentencia contra el transfuguismo de la Sala de lo Constitucional se lo impidiera.
Si Bukele se quedaba en el FMLN, no habría sido candidato presidencial.
Y si abandonaba sus filas por voluntad propia tampoco podría inscribirse como candidato por otro partido político porque hubiera violado la sentencia de la Sala.
La expulsión era la única opción para correr con otra bandera sin tener que enfrentar problemas legales que habrían impedido su participación en las elecciones.
Bukele vendió la idea de que estaba llamado a “salvar a la patria” de los poderes fácticos que se habían enriquecido a costa del pueblo y que el FMLN no había querido impedir porque estaba atrapado en sus propios intereses políticos-electorales y se había alejado del pueblo.
Por eso es que corrió con la bandera de GANA sin padecer el costo político de hacerlo con un partido de derecha, salido de las filas de ARENA.
En la medida que a lo largo de la campaña siguiera manejando un discurso de izquierda y anti oligárquico, en esa medida tenía asegurada su victoria.
Ya en el poder, podía diseñar una nueva estrategia propagandística que le hiciera aparecer como Presidente de izquierda, progresista y anti oligárquico aunque los hechos revelaran lo contrario.
Casi cuatro años en el ejercicio presidencial han sido suficientes para caer en la cuenta que Bukele engañó a sus electores y sigue engañando a la población.
La construcción de un sofisticado aparato de propaganda, la compra de voluntades en la Asamblea y su alianza con el grupo que controla Merino en el FMLN, le han facilitado el hecho de seguir presentándose como un gobernante progresista y democrático por mucho que sus acciones y decisiones indiquen otra cosa.
A diferencia de lo que ofreció, el Presupuesto Público se concentra en los gastos de Defensa y Seguridad y en el pago de la Deuda, la que ha hecho crecer en más de 5 mil millones de dólares en menos de 4 años de gobierno.
Aunque en los Presupuesto del 2021, 2022 y 2023, la inversión y el gasto en Salud y Educación aparecen inflados, por encima de las asignaciones presupuestarias de los gobiernos del FMLN y ARENA, en la práctica la realidad ha sido otra.
Los Presupuestos de ambos Ministerios (Salud y Educación) solo han sido ejecutados en un 50%, por lo que hay una importante y significativa cantidad de dinero que no ha ido a parar al gasto social.
Desde el 2020, Bukele ha cerrado más de una docena de Programas Sociales que habían sido impulsados por los gobiernos del FMLN y otros se encuentran desfinanciados, con lo que se ha puesto en riesgo su impacto positivo en las condiciones de vida de la población de escasos recursos.
Cerró el programa de Agricultura Familiar que en los gobiernos del FMLN ayudó a campesinos pobres y cooperativas agrícolas.
Le recortó 6 millones de dólares en el Presupuesto de Gobierno a Ciudad Mujer, con lo que ha afectado la cobertura y calidad de los servicios que proporciona.
A la fecha, el Ministerio de Desarrollo Local y Hacienda deben el pago de la Pensión Básica Universal a unos 42 mil adultos mayores que residen en las zonas más pobres del país, sin que exista una justificación razonable para ese atraso.
Cerró el Programa “Operación Milagro” con la excusa de que crearía otro mejor con médicos salvadoreños.
A la fecha no ha hecho nada en ese sentido.
En contraste, el gobierno construyó por más de 4 millones de dólares un Hospital para Mascotas, creó un Periódico y un Noticiero gubernamental que se encargan de presentar una imagen idealizada de Bukele, aumentó el personal de las Secretarías de Comunicación y de Prensa, aumentó el gasto para Propaganda, compró una docena de camionetas blindadas de lujo para CAPRES y cambió el Helicóptero Presidencial, entre otros gastos no necesarios.
En el Presupuesto de este año, el gobierno le ha quitado 30 millones de dólares al primer nivel de atención en Salud, ha cerrado Unidades de Salud en la zona rural del país y continúa sin construir el nuevo edificio del Hospital Rosales y el Hospital de Nejapa, siendo que ya existen los recursos para construirlos y que fueron aprobados y ratificados por la Asamblea Legislativa a finales del 2018.
En Febrero del 2022, Bukele durante un acto público aseguró que a finales de ese año estaría construído el nuevo Hospital Rosales y ya estamos en el cuarto mes del 2023 y ni siquiera el MOP ha terminado los trabajos de terracería del terreno y no se ha licitado la empresa que lo construirá.
El nuevo Ministerio de Desarrollo Local, que sustituyó al FISDL y a la Secretaría de Inclusión Social, bajo la conducción de la ex guerrillera María Chichilco, se ha limitado a levantar un pequeño puente sobre el río Torola, en Morazán, que ha debido ser reparado en dos ocasiones por daños estructurales, un par de caminos vecinales y la reparación de dos escuelas rurales en el oriente del país.
En casi 4 años de gobierno esto es todo lo que ha hecho este Ministerio para beneficio de las comunidades pobres.
El recorte de programas sociales ha provocado un retroceso en los esfuerzos gubernamentales de combate a la pobreza que comenzaron con el primer gobierno del FMLN.
Datos oficiales revelan que la pobreza ha aumentado desde Junio del 2019, regresando a los índices en que los dejó el último gobierno de ARENA en el 2008.
Bukele dijo que gobernaría para los pobres pero en realidad lo que ha hecho es favorecer a los millonarios del país que acaparan más del 80% de la riqueza nacional.
Solo un grupo empresarial como es el Grupo Kriete, propietario de AVIANCA holding, tenía para el 2022 activos por casi 8 mil millones de dólares en un país donde el Producto Interno Bruto (PIB) no pasa de 29 mil millones.
Este grupo empresarial es aliado de Bukele y se ha visto favorecido con sus políticas tributarias.
Además se sospecha que por medio de testaferros la familia Bukele es propietaria junto a Roberto Kriete de la línea áerea Volaris.
Al inicio del gobierno de Bukele, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia controlada por GANA (Partido con el que Bukele corrió en las elecciones del 2019), le perdonó a AVIANCA el pago de más de 30 millones de dólares de impuestos al combustible, que habrían reforzado los ingresos del Estado.
La Magistrada Elsy Dueñas, Presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, fue premiada por esta resolución por la Asamblea Legislativa de Bukele al ser elegida en el 2021 como Magistrada de la Sala de lo Constitucional en reemplazo de los Magistrados destituídos.
El gobierno de Bukele tampoco ha diseñado e implementado medidas de protección a la capacidad adquisitiva de la población de menos recursos.
Con Bukele la inflación se ha incrementado más que en los gobiernos de ARENA y el FMLN, y ha aumentado la brecha entre el salario mínimo y el costo de la vida.
Técnicamente el costo de la vida se calcula a partir del valor de mercado de un grupo de alimentos (canasta básica) y de servicios como la vivienda, el vestuario, la salud y la educación (canasta ampliada) que una familia promedio necesita consumir para gozar de una vida digna.
Para Mayo del 2019 (último mes del gobierno de Sánchez Cerén) el costo de la canasta básica rural era de $146 y el de la urbana de $199.84.
Para Febrero del 2023, la canasta alimenticia rural aumentó a $187 y la urbana a $250.
Esto significa que el costo de la vida, en lo que se refiere únicamente al precio de los alimentos, pasó de $399 con Sánchez Cerén a casi $500 con Bukele en menos de 4 años.
En términos prácticos, una persona que gana el salario mínimo necesita en el 2023 al menos $100 más en sus ingresos mensuales para cubrir la canasta básica alimenticia y no caer en la pobreza.
Es claro que los pobres no son prioridad para Bukele, ni siquiera la clase media que enfrenta el riesgo de caer en la pobreza.
El gobierno de Bukele no ha implementado ni una tan sola medida, ni una tan sola estrategia económica y social, para detener el incremento de la brecha salarial y evitar que aumente la pobreza.
En plena pandemia del COVID-19 dijo que había contratado los servicios profesionales de un reconocido economista estadounidense para que diseñara un plan de despegue económico y de protección social que impactaría a todo el mundo.
Ya van más de dos años del ofrecimiento y no vemos ningún plan de despegue económico por ninguna parte.
Para quién gobierna entonces Bukele?
Bukele ha priorizado las políticas públicas y las decisiones ejecutivas y de otros órganos del Estado que favorecen a los oligarcas y que han aumentado la concentración del ingreso.
Veamos algunos ejemplos de esas decisiones y acciones gubernamentales a favor de los grupos empresariales del país y de su clan económico familiar.
. Durante la emergencia del COVID-19 los grandes importadores de alimentos fueron favorecidos por el MAG con la compra de las canastas alimenticias que el gobierno entregó a la población.
En lugar de estimular la producción nacional y favorecer a más de 400 mil productores locales, el gobierno optó por hacer negocio con los grandes importadores nacionales y con empresas de México con vínculos con cárteles de la droga que en esos momentos estaban siendo investigadas por corrupción, lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios mexicanos.
Muchos de los productores locales quebraron y pasaron a engrosar las filas de la pobreza.
. La Asamblea Legislativa aprobó en el 2022 un financiamiento por más de 500 millones de dólares para supuestamente estimular la producción agrícola del país así como un nuevo fideicomiso para el café.
A la fecha, el Ministerio de Hacienda no ha asignado los recursos que se requieren para el financiamiento público y los pequeños agricultores siguen esperando a pesar que el dinero está presupuestado.
. Bukele sigue sin enviar a la Asamblea el proyecto de Reforma Tributaria Progresiva que reduciría los impuestos a los sectores de más bajos ingresos y aumentaría los impuestos a los sectores de más ingresos.
En El Salvador existen 120 millonarios que concentran el 80 por ciento del PIB y que podrían pagar más impuestos, incluyendo un tributo al patrimonio que se aplicaría solo a las grandes fortunas, arriba de los 500 mil dólares.
En los gobiernos del FMLN se hicieron varios intentos por aumentar el impuesto a las ganancias, a la repatriación de capitales para empresas domiciliadas en el extranjero y para establecer un impuesto al patrimonio y a los propietarios de bienes inmuebles ociosos como ranchos de playa y casas de verano en el Lago y las montañas.
La falta de correlación en la Asamblea impidió que estas iniciativas fueran aprobadas.
Bukele cuenta con mayoría suficiente para aprobar estos nuevos impuestos y sin embargo en casi cuatro años de gobierno no ha enviado ningún proyecto de Ley en esa dirección.
Es más que evidente que Bukele no quiere afectar los intereses de una oligarquía con la que tiene alianzas políticas y empresariales.
La bancada oficialista en contraste ha rechazado una propuesta de la oposición para exonerar del pago del IVA a las medicinas y los alimentos, sobre todo a los granos básicos.
Nuevos impuestos al gran capital le permitirían al fisco reducir el endeudamiento externo y bajarle la carga tributaria al pueblo.
Bukele no ha mostrado voluntad en cumplir las ofertas que hizo en las elecciones y que le significaron el respaldo de la población.
. La Ley del Agua, propuesta por el gobierno y aprobada recientemente por los Diputados oficialistas, favorecen los intereses económicos de los grupos empresariales que se dedican a la producción y comercialización del azúcar (Regalado y Wright), al desarrollo de proyectos urbanísticos que lesionan el medio ambiente (Dueñas, Poma y Salazar Romero), a los empresarios que se dedican a la destilación de alcoholes, a la producción y comercialización de cervezas y a la venta de bebidas embasadas y carbonatadas (Balzaretti-Kriete, AGRISAL y La Constancia).
La Ley aprobada no contiene medidas para asegurar el acceso al agua a las comunidades pobres y rurales del país y tampoco para garantizar la conservación de las cuencas hidrográficas y los mantos acuíferos.
En el fondo se trata de una privatización disfrazada del recurso hídrico que Bukele prometió que nunca iba a permitir.
. El Ministerio de Medio Ambiente, dirigido por un ex compañero de secundaria de Nayib, en menos de 3 años ha autorizado varios proyectos urbanísticos que dañan el eco sistema y aseguran las ganancias de las empresas constructoras de la oligarquía o de otras vinculadas al clan Bukele y a la Ministra de Vivienda, Michelle Sol, esposa del Presidente de la Asamblea y ex Secretario Privado de CAPRES, Ernesto Castro.
Entre esos proyectos se encuentra la urbanización Valle el Angel, de la empresa Urbánica propiedad de la familia Dueñas, la urbanización que se construye en la Hacienda la Labor en Ahuachapán por una empresa vinculada al arquitecto Salazar Romero así como la deforestación del bosque de la montaña que bordea al Lago de Coatepeque donde una empresa de la que es accionista y gerente general la madre de la Primera Dama proyecta construir un complejo urbanístico.
. El MOP ha otorgado construcciones y obras de infraestructura a empresas cercanas al clan Bukele.
El caso más reciente es el de la construcción de la Mega Cárcel en Tecoluca en un terreno donde pequeños productores y cooperativas cultivaban granos básicos y caña de azúcar.
Esta construcción le fue otorgada a una empresa vinculada a la familia Bukele.
Se sabe que Nayib, a través de sus hermanos Karim e Ibrajim, exigen una millonaria comisión a los empresarios para que se vean favorecidos con las licitaciones del gobierno y hasta una participación accionarias en sus empresas a través de testaferros.
. La Asamblea Legislativa acaba de aprobar una reforma de Ley que autoriza a los funcionarios públicos a ser contratistas del Estado a través de los proyectos que maneja la Dirección de Obras Municipales (DOM), unidad ejecutiva dependiente de CAPRES.
Es evidente que el propósito es favorecer a los funcionarios cercanos al clan Bukele, como es el caso del jefe de fracción de la bancada Cyan, Christian Guevara que fue favorecido con la compra de los equipos de aire acondicionado del Hospital El Salvador en la Feria Internacional.
. En las licitaciones públicas (los pocos concursos públicos que aún se realizan en este gobierno) ya no participa la pequeña y mediana empresa con el propósito de favorecer a los grandes empresarios en los negocios del Estado.
Hay dos casos que son más que evidentes.
Uno es el programa de entrega de paquetes agrícolas.
No solo este programa ha sido recortado por este gobierno sino que la compra de semilla y fertilizante ya no se hace a las cooperativas agrícolas y a los campesinos como ocurrió en los gobiernos del FMLN sino que se ha vuelto a contratar a la empresa Monsanto y a la transnacional Bayer, tal como ocurría en los gobiernos de ARENA.
Lo mismo puede decirse del Programa de entrega de Paquetes Escolares, que fue un programa insigne en los gobiernos del FMLN.
En este caso, los paquetes han dejado de entregarse a partir del 2022 y el programa ha sido sustituído por la entrega gratuita de Laptops y Tablets a estudiantes de las instituciones públicas del país.
En los gobiernos del FMLN con el Programa de entrega de Paquetes Escolares se beneficiaba a los artesanos y a la pequeña y mediana empresa que se dedicaban a la confección de uniformes, la fabricación de calzado y la distribución de útiles escolares.
Ahora las beneficiadas son las empresas transnacionales que se dedican a la producción y comercialización de computadoras y tablets, como la estadounidense DELL y la surcoreana SAMSUNG.
. Al inicio del gobierno de Bukele, la Sala de lo Contencioso Administrativo dominada por el partido GANA, aliado del Presidente, aprobó una resolución que condonaba al Grupo Avianca el pago del impuesto del IVA por consumo de combustible por más de 30 millones de dólares.
El cobro de este impuesto fue establecido en el 2012 por el gobierno de Funes pero fue impugnado por la empresa de aviación comercial propiedad de Roberto Kriete.
De esta forma transcurrieron 8 años sin que el pago del impuesto se hiciera efectivo.
Poco después de que Bukele asumiera la Presidencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo sorpresivamente emitió una resolución que perdonaba el pago del impuesto del IVA, con lo que el Fisco dejaba de recibir un ingreso de más de 30 millones de dólares que podrían haberse destinado a financiar programas de beneficio social.
Bukele no solo guardó silencio sino que premió en el 2021 a la Magistrada de GANA, Elsy Dueñas, que había orquestado la resolución a favor de AVIANCA, nombrándola por tres años más como Magistrada de la Sala de lo Constitucional.
Todas estas iniciativas, ya sean decisiones
ejecutivas, acuerdos legislativos o
resoluciones judiciales, han tenido como
objetivo favorecer los intereses económicos
de los grandes grupo empresariales del país.
No cabe duda, entonces, que el gobierno de Nayib Bukele no es ni por cerca un gobierno democrático, progresista y de corte popular, tal como se vendió en la campaña del 2019 y se continúa vendiendo ahora que Bukele es Presidente de la República.
Bukele ha hecho a todas luces un gobierno de derecha, pro oligárquico y de corte neoliberal.
Esa es la realidad…
