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@arpassv
La despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico es una propuesta que está “cuesta arriba” en la Asamblea Legislativa. Es decir, sus posibilidades de aprobación son limitadas porque la mayoría de diputados y diputadas -presas de su conservadurismo y de la presión de los grupos antiabortistas- ni siquiera se atreven a discutir el tema.
En octubre del año pasado, la entonces presidenta de la Asamblea, la efemelenista Lorena Pena, encabezó la iniciativa de varias organizaciones feministas y pro-legalización del aborto que abogan por la interrupción voluntaria del embarazo cuando éste haya sido resultado de una violación sexual, el feto tenga malformaciones congénitas o cuando esté en grave peligro la vida de la madre.
Sin embargo, hasta este momento la referida moción no ha pasado a más y se suma a la lista de propuestas que duermen el sueño de los justos y justas en las comisiones legislativas (ley general de agua, reforma al sistema de pensiones, prohibición definitiva de la minería metálica, ley del cobro coactivo, etc.)
El Salvador es de los pocos países de la región que mantienen una prohibición total del aborto. Es por eso que mujeres pobres y sin adecuada educación sexual que sufren abortos accidentales son enjuiciadas como asesinas por la Fiscalía y condenadas a severas penas de cárcel por el Sistema Judicial, instancias que en estos casos sí actúan implacables y contundentes, como no siempre lo hacen contra ex funcionarios corruptos, evasores tributarios y otros criminales y delincuentes de cuello blanco.
Por eso es necesario aumentar la concientización sobre este problema y la movilización a favor de la propuesta de legalizar el aborto. Y para esto es urgente que, en primer lugar, todas las organizaciones sociales (ambientalistas, de derechos humanos, anticorrupción, etc.) respalden las acciones de las organizaciones pro-despenalización del aborto.
Y, en segundo lugar, que exista un apoyo más decidido desde el Ejecutivo. La Secretaría de Inclusión Social -cuyo aporte a la reivindicación de los derechos de las mujeres es reconocido hasta mundialmente- es una instancia gubernamental que deberían asumir un rol protagónico en la promoción de la propuesta, como lo empieza a hacer el Viceministerio de Salud (la Ministra aún no se pronuncia).
Así, podría iniciarse una efectiva campaña de información, sensibilización y presión social capaz de derribar el muro que representa la anquilosada e hipócrita visión conservadora de grupos vinculados al Opus Dei que ejercen presión sobre los grupos parlamentarios de derecha, especialmente del oligárquico partido ARENA.
