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Luis Arnoldo Colato
Durante la conmemoración del natalicio del fundador del principal partido de oposición, su actual presidenciable y en medio del ritual que dicho partido realiza para conservar la memoria de tal personaje, contestó las preguntas planteadas por la prensa reunida en el evento, destacando el cuestionamiento sobre la autoría intelectual de aquel individuo en el asesinato de Monseñor Romero, a lo que respondió con una tácita negación de los hechos a pesar de ser conocidos públicamente, como los pormenores del mismo [por su denominación de “operación Piña” recolectada documentalmente en la finca San Luis de Santa Tecla, donde se serruchaban y mutilaban a salvadoreños/as para luego esparcirlos en la capital y principales ciudades como escarmiento a la disidencia], como el de otros miles de salvadoreños/as secuestrados, torturados y ejecutados también por su orden directa y a manos de los escuadrones de la muerte, amparados por el Estado, con agentes del mismo, financiados por las élites como consta en dichas pruebas, impunes aún por la desidia judicial y la negligencia fiscal, por lo que El Salvador ha sido condenado en repetidas ocasiones y ante diferentes tribunales internacionales, pero reconocido además por algunos de sus más destacados lugartenientes: tal es el caso del excapitán Álvaro Saravia (El Faro, 22/03/2010, condenado a pagar en EU $10 millones por su participación), y Fernando “el negro” Sagrera, quienes implican al hijo del expresidente Molina, Mario Molina, que proporcionó al tirador Merino Samayoa Acosta y al excapitán Eduardo Ávila como responsable logístico, además del conductor del propio asesino, Amado Garay Reyes, testigo protegido en EU, que conjuntamente ejecutaron el 24 de marzo de 1980 en la capilla del hospital Divina Providencia y mientras oficiaba misa Monseñor Romero, para luego y durante su sepelio, asesinar a otros 40 salvadoreños/as de entre la asistencia al mismo, calculado en un millón de personas, ante la catedral de San Salvador y por su mera asistencia, desatando la guerra civil que le siguió.
La negación entonces de la autoría del fundador de su partido no solo constituye una manifiesta malicia de parte del consultado, porque el delito está probado, pero además porque su negación es indicio de una condición mental cuestionable, que descalifica a dicha persona por su propensión a desmentir los hechos históricamente corroborados que además son reconocidos por los actores nacionales e internacionales, que seguimos a la fecha aguardando justicia por ello y por otros delitos.
Lo cierto es que su respuesta es indicio de lo que representa: impunidad, corrupción, manejo patrimonialista de los bienes públicos e injusticia, es decir, la perpetuación y naturalización de los males históricos que nos inviabilizan, concentrando por ejemplo la carga fiscal en los desposeídos, y con ello, agravando la condición de desesperanza que la violencia desatendida por el abandono al que conduciría al Estado, generaría, por lo que el reconocer la perversión en la negación será fundamental en las decisiones futuras, interpretando nuestra historia e indignándonos por ella, promoviendo así la construcción de una justicia sustentable.
