Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Julia Evelyn Martínez
Milton Friedman, el más famoso de los economistas neoliberales, decía que las crisis son momentos excepcionales en los cuales las personas están dispuestas a aceptar cosas que serían inaceptables durante circunstancias normales. Las medidas económicas, sociales y políticas que el Gobierno de El Salvador está poniendo en marcha en medio de la crisis humanitaria generada por el COVID-19 se ajustan a la perfección a este consejo de Milton Friedman.
Al amparo del relato de la emergencia nacional, el Gobierno de El Salvador ha continuado el proceso de debilitamiento del Estado iniciado en 1989 al mismo tiempo que continúa fortaleciendo su talante autoritario en la conducción política, social y económica del país. Ambos instrumentos (neoliberalismo + autoritarismo) constituyen la perfecta combinación para que nuestro país salga de esta emergencia con más desigualdad y menos bienestar para las mayorías.
Como si se tratara de una buena noticia, la Presidencia de la República informó de manera triunfante el pasado 14 de abril que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha aprobado al gobierno un préstamo de $389 millones para financiar la emergencia del COVID-19. Sin embargo, lo que se presenta como un triunfo y una ayuda, no es más que el reconocimiento de la incapacidad de este Gobierno de romper con la inercia neoliberal que tanto daño le ha causado al 90 % de la población salvadoreña.
El FMI no concede préstamos para ayudar a los pueblos en momentos de crisis, sino más bien aprovecha las crisis para que los gobiernos en épocas de crisis se comprometan a poner en marcha medidas fiscales y financieras que evitan que comprometen el futuro de los pueblos y que evitan que futuros gobiernos sucumban a la tentación de romper con el neoliberalismo.
De acuerdo a la carta de intenciones firmada por el Ministerio de Hacienda y el Directorio del FMI, al aceptar este crédito, el Gobierno salvadoreño se ha comprometido a preservar la estabilidad macroeconómica a partir del año 2021 y hasta el año 2030.
Este compromiso abarca las siguientes metas: 1) Realizar un ajuste fiscal primario del 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) del 3.5% del PIB en el período 2021-2024, y 2) Disminuir los niveles de endeudamiento público del 82 % del PIB al 60 % del PIB para 2030. Para lograr estas metas, el FMI recomienda medidas como la disminución del gasto público en $900 millones a partir del año 2021, aumentar los impuestos a la gasolina y al diésel, aumentar el IVA y las contribuciones fiscales especiales, como el impuesto a las telecomunicaciones y reducir el pago de salarios en el sector público, por medio del congelamiento de plazas, suspender nuevas contrataciones y prohibir las jubilaciones anticipadas de empleados públicos.
Es evidente que los costos de la aceptación de este crédito del FMI son muy altos desde la perspectiva política y desde la perspectiva social.
Políticamente, estas condiciones del FMI van a estrechar aún más los márgenes de maniobra de los partidos políticos y/o movimientos sociales que aspiren a gobernar por la vía ejecutiva o legislativa durante la próxima década. Cualquier partido político y/o movimiento social que prometa desmontar el neoliberalismo mediante el fortalecimiento de lo público (salud pública, educación pública, programas públicos de vivienda, saneamiento público, seguridad social universal, reforma de pensiones, políticas de cuidados, etc.) en las elecciones venideras, enfrentará grandes dificultades para cumplir estas promesas, y seguramente terminará uniéndose a la ola neoliberal mediante el populismo autoritario, con la subsecuente frustración de sus bases de votantes y el mayor descrédito del sistema político.
Socialmente, los condicionamientos del FMI constituirán una especie de camisa de fuerza que limitará la capacidad de los gobiernos de turno para atender mediante políticas económicas y sociales efectivas, las secuelas de la pandemia del COVID-19.
La Organización de Naciones Unidas y sus organismos especializados están alertando a los gobiernos del mundo y en especial de los países de América Latina, que la emergencia humanitaria no terminará cuando los contagios y las muertes por COVID-19 comiencen a disminuir. La suspensión de los confinamientos obligatorios y el levantamiento de los cercos sanitarios solo marcarán el principio de una nueva etapa de la crisis humanitaria, más profunda y extendida.
De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), América Latina experimentará en 2020 la peor recesión económica de su historia, la cual se prolongará en los años siguientes aumentando el subempleo, la pobreza y la desigualdad. Frente a este panorama tan desalentador, la CEPAL recomienda a los gobiernos nacionales actuar de manera contundente para cambiar el modelo productivo de sus economías y para construir un sistema de protección social universal, que incluya la garantía de un ingreso básico para todos sus habitantes.
Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) calcula que el impacto económico del COVID-19 durante este año elevará a 265 millones el número de personas expuestas a inseguridad alimentaria aguda. La cifra casi dobla los registros de 2019 cuando se contabilizaron 135 millones en esa situación, y supondría la muerte de al menos 300,000 personas diarias por desnutrición aguda. El PMA recomienda a los gobiernos mantener y/o aumentar los programas de asistencia alimentaria directa de su población para evitar esta hambruna. En este escenario post COVID-19, ¿de dónde saldrán los recursos que el Gobierno salvadoreño necesitará para actuar de manera consistente con las demandas económicas y sociales después de la emergencia?
¿En qué medida las condiciones del ajuste fiscal impuestas por el préstamo del FMI representarán un obstáculo para atender las necesidades de salud, alimentación e ingresos de la población más vulnerable de nuestro país?, ¿sobre qué segmentos de la población salvadoreña recaerán los mayores costos del pago del aumento en el servicio de la deuda pública, del aumento de impuestos y de la reducción del gasto público que están previstos en el acuerdo de entendimiento con el FMI?
Esta son las preguntas en torno a las cuales debemos reflexionar como sociedad y exigir respuestas puntuales y sin evasivas a nuestros gobernantes. Desafortunadamente, las distracciones y entretenimientos del Universo Bukeliano nos consumen el tiempo, la atención y la voluntad de pensar sobre estos temas en esta coyuntura.
