Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Tomado de Carta Económica
www.cartaeconomica.com
La reciente captura de cuatro militares involucrados en el caso del asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres, click en noviembre de 1989, mind ha desencadenado una serie de reacciones en desacuerdo por parte de los familiares de los militares, discount así como de la derecha salvadoreña, quienes nuevamente hacen el llamado al perdón y olvido de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el país en la época de dictadura militar, como es el caso de los Jesuitas. Hay que recordar que recientemente el Expresidente de la República, Alfredo Cristiani también pidió el olvido de toda la corrupción que se ha dado en el marco del modelo neoliberal.
El asesinato de los padres Jesuitas (Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Juan Ramón Moreno, Amado López y Joaquín López y López, además de Elba y Celina Ramos), y muchos casos más, que sucedieron durante el conflicto armado en El Salvador, como la masacre de El Mozote (Diciembre 1981), Las Hojas (Febrero 1983), Río Sumpul (Mayo 1980) que se consideran igualmente crímenes de lesa humanidad, entre otras, han quedado en la impunidad. No obstante, la captura de los militares retirados: coronel Guillermo Alfredo Benavides, los sargentos Antonio Ramiro Vargas y Tomás Zárpate Castillo, y el cabo Ángel Pérez Vásquez, representa un avance importante en la lucha contra la injusticia e impunidad en El Salvador. Y sin duda, como lo ha manifestado el Procurador para Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, la Corte Suprema “tendrá nueva oportunidad histórica de colocarse al lado de la justicia”.
Los demás militares que son requeridos por la justicia son: el exministro de Defensa Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, José Ricardo Espinosa, Gonzalo Guevara, Francisco Elena Fuentes, Oscar Mariano Amaya, José Alberto Sierra, Joaquín Arnoldo Cerna, Carlos Mauricio Guzmán, Héctor Ulises Cuenca y Oscar Alberto León Linares.
Antecedentes
El juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco “pidió en agosto de 2011 la detención de veinte militares presuntamente implicados en la matanza, pero entonces la Corte Suprema de Justicia de El Salvador limitó el alcance de las mismas a la búsqueda y localización, negando la captura y posterior entrega a España”, se indica en una noticia publicada por la Agencia EFE, el 5 de enero de 2016.
Sin embargo, en agosto de 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema reconoció “el carácter que habilita a las notificaciones rojas1 para llevar a cabo la captura de las personas perseguidas por la ley”.
La nota citada, manifiesta que Velasco tuvo conocimiento a través de un informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de otro de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de esa resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador en la que “se reconoce el asesinato como expresión de un crimen de lesa humanidad sin la necesidad de una guerra internacional”.
Dictaminaba así que el Estado “en cuyo territorio sucedieron los hechos” está obligado “a llevar a cabo la persecución correspondiente en virtud de la orden internacional de detención con fines de extradición emitida por el Estado Español”.
El Tribunal Supremo reconoció la jurisdicción de los tribunales españoles y, en concreto, de la Audiencia Nacional, para investigar la matanza de los Jesuitas, tras la reforma de la ley de justicia universal.
“El Supremo adoptó esta decisión al considerar que el país centroamericano no ha tenido voluntad real de investigar los hechos y, por esa razón, junto a la existencia de víctimas de nacionalidad española, reconoció la competencia de los tribunales españoles en este caso”, concluye la referida noticia.
En este marco, el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén ha respaldado las recientes detenciones de cuatro militares implicados en el caso y publicó en su cuenta de twitter “Estamos comprometidos como gobierno a cumplir normas internacionales, hay difusión roja en caso jesuitas para proceder con capturas”.
Asimismo, el Secretario de la Presidencia, Eugenio Chicas dijo a los medios, luego de una reunión con los dirigentes de los partidos políticos donde se abordó las detenciones de los militares, que “La reunión ha llegado a la conclusión de que no se ha puesto en peligro los Acuerdos de Paz, El Salvador es respetuoso del estatuto de Interpol en base al cual procedió a capturar”.
No cumplir con los tratados internacionales que castigan los crímenes de lesa humanidad, equivaldría igualmente a que las atrocidades producidas por el nazismo en toda Europa durante la segunda guerra mundial, hubieran sido perdonadas y olvidadas. Lo que significaría que ese tipo de organización social antihumana seguiría vigente y nosotros los salvadoreños no queremos que se repita la historia que ahora se pretende olvidar al no hacer justicia, lo que queremos es vivir en paz con una población en un contexto de bienestar y felicidad.
PNC atiende notificación roja
La captura de los cuatro militares se da “en cumplimiento de la notificación roja emitida por Interpol” y ordenada por la Audiencia Nacional de España, ya que los tribunales salvadoreños no pudieron hacer justicia en su momento debido a la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, decretada el 22 de marzo de 1993.
Cabe señalar, que la Ley de Amnistía se aprobó antes de que se dieran a conocer públicamente los resultados de la Comisión de la Verdad2, en la cual el entonces Presidente de la República, Alfredo Cristiani, aparece vinculado, ya que al ser el Presidente del país, era el Comandante General de la Fuerza Armada de El Salvador, por tanto, el encargado de tomar las ordenes más importantes.
“Gran cantidad de pruebas circunstanciales indican que el coronel Benavides actuó de acuerdo con una conspiración militar más amplia. El Lawyers Committee3 cree que los asesinatos fueron planeados y desarrollados por algunos de los máximos jefes militares de El Salvador. Un grupo mayor aún de oficiales y soldados llevaron a cabo el encubrimiento del crimen. El gobierno de Cristiani fue cómplice del mismo4”.
La Comisión de la Verdad registró más de 22,000 denuncias de graves hechos de violencia ocurridos en El Salvador durante el período de enero de 1980 a julio de 1991, algunos de los cuales ya se mencionaron en este artículo. Del total de los graves hechos de violencia, casi un 85% fueron atribuidos a agentes del Estado, a grupos paramilitares aliados con éstos y a los escuadrones de la muerte5.
En un comunicado, publicado el 7 de febrero del presente año, ARENA, PCN y PDC, expresaron claramente su desacuerdo en torno a la captura de los cuatro militares, ya que según ellos “se reabren heridas en la sociedad salvadoreña y atentan a la letra y espíritu de los Acuerdos de Paz firmados en 1992”. En realidad no es que se reabren porque el pueblo salvadoreño aún no se ha curado de las heridas dejadas por la sangrienta historia que ha dejado mucho sufrimiento y secuelas en la población.
Por su parte, los familiares de los militares brindaron una conferencia de prensa y presentaron un comunicado en el cual manifestaron su total desacuerdo con la captura de los militares y pidieron a la Corte Suprema de Justicia que no se extradite a los militares porque según ellos el caso ya se cerró, y estas personas son inocentes. “Reafirmamos la inocencia de nuestros padres ante las infundadas acusaciones que se les pretende atribuir por grupos que dicen defender los derechos humanos, sobre hechos que jamás cometieron ni ordenaron cometer, ni en los que tuvieron ninguna participación directa o indirecta”, señalan en el comunicado.
También manifestaron que la captura de los militares es una cortina de humo para desviar la atención de diversos problemas por los que atraviesa el país. En este sentido, estas familias piden justicia y que se liberen a los detenidos. Resulta vergonzoso que estas personas pidan justicia por estos militares ya que existen suficientes pruebas que indican su participación en este crimen de lesa humanidad (aunque los defensores de los acusados lo consideran como simples crímenes) y, por otra parte, al mencionar que lo que se quiere hacer es poner una cortina de humo para desviar la atención de diversos problemas que atraviesa el país, nos hace ver claramente que detrás de esas declaraciones está esa derecha recalcitrante que no quiere verdaderos cambios en nuestra sociedad y que tiene una masiva y sistemática campaña en contra del actual Gobierno. Así como ellos que piden justicia, los familiares de más de 75,000 personas que fueron asesinadas durante la guerra también exigen justicia por estos crímenes para que los culpables sean castigados. La justicia no puede ser solo para unos pocos y menos para personas que han atentado contra derechos fundamentales como la vida de seres humanos, y que son calificados como crímenes de lesa humanidad.
Continuar con la investigación de este caso significa un golpe fuerte para la burguesía oligárquica salvadoreña recalcitrante, quienes han sido los culpables de que haya habido una guerra, porque siempre han dado migajas al pueblo mientras ellos concentran la riqueza que es generada en base a la sobreexplotación del trabajador, para lo cual mantuvieron una dictadura militar, y además muchos de ellos formaron y participaron en los escuadrones de la muerte y desarrollaron una guerra genocida durante el conflicto armado.
Lamentablemente en nuestro país, los intereses económicos y políticos siempre se han sobreexpuesto sobre los Derechos Humanos; la sed del poder ha permitido la corrupción en todos los sentidos y en todas las instituciones del Estado, asimismo, ha causado los más crueles abusos contra la población más vulnerable, que valientemente se pronunciaron y que su sentencia fue la muerte.
Un claro ejemplo de lo anterior, es la masacre de los indígenas en 1932, en la cual más de 30 mil personas fueron asesinadas en una semana, por el simple hecho de manifestarse y exigir sus tierras. En ese periodo, según un artículo publicado por Alirio Montoya en Rebelión 6, “La injusticia social y económica se incrementa en el país, las voces populares nos revelan que el 80% de la población gozaba del 20% de la riqueza nacional, y el 20% de la población gozaba del 80% de la riqueza nacional, lo cual es una enorme injusticia”. Lo peor es que a la altura del año 2015 sigue la misma estructura de concentración del ingreso y la riqueza y el pueblo sigue siendo marginado a la pobreza en un 80%.
Los doce años de guerra en El Salvador, sucedieron por causa de la injusticia social, desigualdad y miseria que prevalecía en el país y que sin duda aún existe. Cabe señalar, que El Salvador fue fuertemente reprimido por muchos años por una dictadura militar desde 1932 hasta 1979, lo cual dejó mucho daño a las familias.
Secuelas de la guerra
Han pasado 24 años desde que se firmaron los Acuerdos de Paz, no obstante el pueblo salvadoreño aún sufre las secuelas de la guerra de 12 años que acabó con los sueños y vida de miles de personas. Desintegración familiar, migración, pobreza, miseria y delincuencia son sólo algunos efectos que amargamente sufre el pueblo como consecuencia de la injusticia económica y social por la cual ha atravesado y atraviesa el país ahora en el marco de un esquema económico neoliberal implementado y liderado por la misma burguesía oligárquica.
En la siguiente tabla se presentan datos estimados del saldo migratorio internacional neto de El Salvador, que según diversos expertos en el tema, estos son inferiores a la realidad. Entre los años 1992 y 2009 los migrantes se elevan a una cifra superior al millón trescientos mil, mientras la población del país en el último año era de un poco menos de 6,2 millones, es decir que representan más del 20% de la población radicada en el país. Se calcula que en Estados Unidos viven unos 2,5 millones de salvadoreños. Esta fuerte migración, habiendo pasado la guerra, es resultado de sus secuelas y la implementación del neoliberalismo y la voracidad de reconstrucción y desarrollo de los mecanismos de explotación del trabajo y la acumulación, concentración y centralización del capital, en manos de la burguesía oligárquica y las transnacionales.
Esta masiva migración ha significado la mutilación del núcleo familiar, por tanto, mayor vulnerabilidad para que la juventud se involucre en grupos ilícitos y cometan diversos delitos. La siguiente tabla presenta la tasa de homicidios a nivel nacional desde el 2000 al 2014.
Al observar dicha tabla, hay que reconocer que los gobiernos de ARENA, así como dejaron en crisis la economía, mientras ellos reconstruyeron su riqueza y mucha la sacaron del país, además de haber entregado a las transnacionales ejes estratégicos de nuestra economía, también dejaron establecido los altos niveles de violencia, heredado por los problemas económicos y exclusión, sin duda, la delincuencia es un problema estructural que se desarrolla a partir de la lógica económica que se implementa después de los Acuerdos de Paz durante los gobiernos de ARENA, como se puede apreciar en la tabla siguiente.
Los hechores de todos los delitos que se han reportado en estos últimos años, así como los sucedidos en la época de guerra deben someterse a la justicia, no se puede seguir permitiendo la corrupción, impunidad e injusticia en las instituciones del Estado salvadoreño. Esperamos que la Corte Suprema de Justicia cumpla con su deber y se apegue a las leyes, para que al fin pueda haber justicia en el caso Jesuitas y otros más y sea coherente con lo dicho en la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador en la que manifiesta que “se reconoce el asesinato como expresión de un crimen de lesa humanidad sin la necesidad de una guerra internacional”.
