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Managua / AFP
Blanca Morel
El Congreso de Nicaragua aprobó la ley de amnistía que favorece a los opositores presos y cierra la posibilidad de castigar a los responsables de la represión de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.
«Se aprueba en lo general la ley de amnistía», anunció el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, al cerrar la votación que contó con el apoyo de 70 legisladores del Frente Sandinista (FSLN, izquierda) y el rechazo de 15 opositores en la cámara de 92 curules.
La ley favorece a «todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos a partir del 18 de abril del 2018», cuando estallaron las protestas, y abarca a las personas que han sido o puedan ser investigadas o estén cumpliendo sentencias.
Incluye a los opositores que están presos por participar en las manifestaciones, quienes deberán ser liberados «de forma inmediata» cuando la disposición entre en vigencia, con su publicación en la gaceta oficial.
Establece, además, que los beneficiados deberán «abstenerse» de volver a participar en protestas.
La oposición estima que cerca de 800 personas fueron encarceladas por apoyar las marchas, aunque el gobierno ha dicho que son unas 350.
Unos fueron recluidos sin que se le formularan cargos y otros fueron acusados de «terrorismo» bajo una cuestionada ley de 2018 que criminalizó las protestas.
