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Managua/Prensa Latina
La Asamblea Nacional (parlamento) de Nicaragua aprobó ese mares la reforma a la normativa 1115, ley general de regulación y control de Organizaciones Sin Fines de Lucro.
En sesión plenaria y de forma unánime, los diputados nicaragüenses también aprobaron reformar las leyes 1040 y 822, las cuales están relacionadas con las normativas para Agentes Extranjeros y la Concertación Tributaria, respectivamente.
Según se conoció, lo anterior tiene como objetivo crear un instrumento jurídico que de manera explícita regule la correcta y efectiva ejecución de proyectos que dichas organizaciones desarrollen y estén vinculados con los bienes, productos y servicios públicos.
“Permitirá que el país administre con eficiencia todos los recursos que llegan a nuestra nación y que ya no exista duplicidad y competitividad entre lo que hace el Estado y algunas expresiones de la sociedad”, explicó el diputado de la bancada sandinista Carlos Emilio López.
El parlamentario añadió que tales reformas jurídicas permitirán trabajar en unidad y alianza entre el Estado, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y los Agentes Extranjeros.
En esa línea, el presidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, Filiberto Rodríguez, comentó que las ONG existentes en Nicaragua tienen al día sus obligaciones y tendrán la disposición de crear alianzas para luchar juntos contra la pobreza.
“Esto nos permite conocer mejor las necesidades y prioridades a cumplir, con los objetivos definidos de acuerdo a los fines, y reconocer el origen, el financiamiento de sus presupuestos, los roles, las responsabilidades de las partes que es lo más importante en esta alianza”, subrayó.
La semana pasada, el Gobierno sandinista informó que las ONG que funcionan en Nicaragua se regirán por un nuevo modelo de operatividad denominado “Alianzas de Asociación”.
El Ejecutivo precisó que Cada ONG en cumplimiento de sus obligaciones presentará a las entidades públicas, a través del Ministerio del Interior y la Cancillería, según sea el caso, propuestas específicas para proyectos de alianzas alrededor de temáticas particulares de acuerdo a su definición.
“El Gobierno y las entidades del Estado podrán, o no, aceptar las propuestas y garantizar que se cumpla con todo lo instruido, orientado y estipulado en las leyes de la República”, señaló el texto.
