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Alexander Pineda
@Alex92DCL
El gobierno nicaragüense notificó ayer a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador, que la solicitud de extradición en contra del ex presidente de la República Mauricio Funes, no procede porque el requerido goza de la calidad de “asilado político”.
Según el magistrado de la CSJ, Oscar López Jerez, la correspondencia oficial enviada por el gobierno de Managua, solamente indica que Mauricio Funes y su familia se encuentran bajo el amparo del asilo político, mas no da una respuesta a la solicitud de extradición girada a finales del mes pasado.
El 21 de marzo, el pleno de la Corte Suprema de Justicia, aprobó gestionar la petición de extradición que el juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador, hizo en contra de Mauricio Funes, su compañera de vida, Ada Mitchell Guzmán; y de los hijos del exmandatario, Diego Roberto Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco, también asilados en la vecina Nicaragua desde septiembre del año 2016.
El expresidente Mauricio Funes y su grupo familiar ha sido acusado de peculado, lavado de dinero y activos, enriquecimiento ilícito, soborno y asociaciones ilícitas. Aunque sobre Mauricio Funes, pesan cinco órdenes de captura de diferentes tribunales por los casos “Saqueo Público”, “Corruptela”, “Chaparral”, “Reporte de Operaciones Sospechosas”; el jueves 4 de abril se le sumó el requerimiento por evasión fiscal en perjuicio de la hacienda pública.
Asimismo, la semana pasada se conoció de la captura en Costa Rica, de Juan Carlos Guzmán Berdugo, padre de Ada Mitchell Guzmán y suegro de Funes, uno de los 17 requeridos por la justicia salvadoreña para responder por el caso “Saqueo Público”, en el que se culpabiliza a Mauricio Funes, de liderar “una red de corrupción que desvió 351 millones de dólares de los fondos de nación durante su mandato presidencial”.
El expresidente Mauricio Funes a negado todos los delitos de los que se le acusan, denunciando que todas las acusaciones están cimentadas en un testigo criteriado condenado por corrupción.
Carta Magna nicaragüense
El artículo 42 de la Constitución Política de Nicaragua, determina que no podrá extraditarse a alguien de su territorio por delitos políticos o comunes conexos con ellos y será el estado nicaragüense el que califique si existe tal delito. Además, en caso de que se dictara la expulsión de un asilado, no podrá enviársele al país donde fuese perseguido.
