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Managua/AFP
Nicaragua exigirá a Estados Unidos el pago de una indemnización ordenada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tras una condena en 1986 por financiar la guerra contra el gobierno revolucionario sandinista, dijo el gobierno.
Managua «ha iniciado un proceso jurídico» para exigir a Estados Unidos el pago de la indemnización ordenada por la CIJ «como compensación por los daños fatales ocasiones (…) por la intromisión destructiva e ilegal de esta potencia en los asuntos nacionales», según un comunicado leído por la vicepresidenta Rosario Murillo.
«El Estado nicaragüense reclamará el derecho de nuestro país a ser reconocido hoy, con recursos que se dispondrán para la paz, la democracia y el desarrollo», indica el comunicado, también entregado a la prensa.
El comunicado se refiere a una sentencia de la Corte de La Haya en 1986 que condenó a Estados Unidos por daños causados a Nicaragua por financiar de forma encubierta a grupos ‘contras’ que lucharon con las armas contra el gobierno revolucionario sandinista (1979-1990).
La decisión fue anunciada tras conocer que el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso estadounidense aprobó el jueves una Ley de Condicionalidad de las Inversiones Nicaragüenses, conocida como Nica Act y que supondría sanciones económicas si el presidente Daniel Ortega no efectúa cambios políticos.
Los promotores de la ley, entre ellos la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen buscan que el gobierno de Ortega realice reformas que promuevan la democracia, fortalezcan el imperio de la ley, respeto a derechos humanos, entre otros.
«Rechazamos y condenamos la Nica-Act como la continuidad de Políticas históricas de injerencia imperial de los Estados Unidos en Nicaragua», señala el comunicado y advierte que Managua «continuará» con su política de diálogo y fortaleciendo un modelo y proyecto inclusivo donde todos son protagonistas de la democracia.
Tras el fin de la guerra en 1990, el gobierno de Violeta de Chamorro (1990-1997) renunció a reclamar la indemnización a Estados Unidos, pero Ortega ha insistido que la deuda está vigente y que Washington debe pagar.
Tras la sentencia de la CIJ en 1986, el gobierno sandinista valoró los daños en 17.000 millones de dólares, aunque nunca hubo un acuerdo con Washington sobre el monto y formas de pago, según ha dicho el embajador de Nicaragua ante el tribunal Internacional, Carlos Arguello.
Desde Washington distintos voceros han desestimado un eventual reclamo nicaragüense porque consideran que es un caso cerrado luego que Chamorro renunció a reclamar dicha indemnización.
