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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
Transparencia Activa
Peculado y negociaciones ilícitas son los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputa al ex Presidente del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) Nicola Angelucci, por la malversación de fondos públicos, acusación que será presentada esta tarde, en el Centro Judicial de San Salvador.
La Fiscalía anunció, esta mañana, que el requerimiento o acusación formal, en contra del Angelucci y el ex Director de Infocentros, Sigfredo Figueroa, será presentado a las dos de la tarde de este viernes, motivo por el que se abrirá el proceso judicial en contra de ambos imputados.
Figueroa es acusado de cooperación en el delito de Peculado, por la malversación de un poco más de $6 millones de dólares, fondos que fueron asignados al proyecto Infocentros, iniciativa de los Gobiernos de ARENA, de Armando Calderón Sol y de Francisco Flores.
Los Centros Comunales de Información o Infocentros, buscaban en su momento dar a conocer las bondades del Internet, sin embargo, este proyecto “fracasó” pero siguió recibiendo fondos del Gobierno, que de acuerdo a la denuncia, interpuesta por Mauricio Funes, ex presidente de la República se malversaron más de $10 millones de dólares.
Pese a ello, la Fiscalía afirma que Angelucci facilitó que Infocentros se incorporara en el convenio Red del Desarrollo y es a través de este, que se apropió de seis millones de dólares. Mientras que Figueroa Salinas firmó documentación necesaria para que Angelucci lograra la apropiación de fondos a favor de Infocentros.
El Caso
En febrero de 2013, Transparencia Activa publicó una investigación que explicó que los Infocentros funcionaron entre los años 1999 y 2009, dos años después de la privatización de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel), se creó en mayo de 1999 el Fondo Especial de los recursos provenientes de la privatización de la empresa. Con él se pretendía financiar diversas áreas de actividades, entre las que destacan los Centros Comunales de Información, cuyo objetivo era facilitar el acceso a la informática mediante “la construcción, establecimiento y gestión de Centros Comunitarios de Información en todo el país”.
Apenas 4 meses antes de la creación de este Fondo (que incluía $10 millones), se constituye la Asociación Infocentros, de interés privado, “sin ánimo de lucro”, y formada por representantes del sector privado y un buen número de funcionarios.
El Consejo de Administración del Fondo, coordinado por Juan José Daboub, designó un comité consultivo integrado por 5 funcionarios y 2 miembros de FUSADES para establecer quién ejecutaría el proyecto. Decidieron que la Asociación Infocentros era la única entidad adecuada en todo el país y recomendaron su contratación para poner en marcha los mencionados centros.
Cualquier organismo que gestione 10 millones de dólares públicos habría tenido que demostrar su capacidad para administrar dicha cantidad; sin embargo, Infocentros no necesitó ni siquiera participar en una licitación o concurso público porque se les adjudicó el proyecto directamente.
Y es que demostrar la capacidad económica no era uno de los criterios de selección requeridos por el Fondo. De haberlo sido, Infocentros jamás habría resultado asignada, puesto que a finales de 1999 era insolvente, en pocas palabras “fracaso”. Su fondo patrimonial sumaba 186.74 dólares, según informe del Departamento de Auditoría Interna elaborado por el Banco Central de Reserva.
Tampoco la falta de experiencia fue un problema. La asociación se excusó afirmando que habían transferido conocimientos del proyecto “Conectándonos al futuro”, y que recibían asesoría de la Red Científica Peruana (RCP) Internet-Perú, a la que desembolsaron 1,650,000 dólares por una consultoría. Según un informe posterior, ese monto fue “realmente desproporcionado respecto a los costos normales”. Se habla incluso de “un extracosto de más de un millón de dólares”.
Así, el Fondo y la Asociación Infocentros firmaron un contrato por la que ésta recibiría un préstamo de $10 millones, al 0% de interés y con un período de gracia de tres años. A cambio, la organización se comprometía a instaurar una red de 100 centros comunales (conocidos popularmente como ‘infocentros’). Durante los años posteriores, apenas se superaron los 40 infocentros y para 2009, solo quedaban 9 instalados. La asociación recibió $10 millones… y algunos más.
En marzo de 1999, una reestructuración convirtió a Nicola Ernesto Angelucci Silva en presidente de Infocentros, incumpliendo aparentemente los estatutos de la asociación, que establecen que la Junta Directiva solo podría estar constituida por miembros fundadores. Él no lo era, aunque allí se sintiera como en casa. Al fin y al cabo, la sede de la asociación se ubicó en un inmueble que pertenecía a su propia madre. El arrendamiento se formalizó en julio de 1999 por 90 mil dólares para 3 años, a razón de $2,500 dólares al mes. Además, se emplearon $91,171.80 del proyecto para mejoras del local, cuyo alquiler se mantuvo varios años más.
Pero no terminan aquí los posibles conflictos de intereses de Nicola Angelucci. En el año 2000, pasaría no solo a presidir la asociación, sino también el mencionado BMI. A mediados de 2002 el Fondo había desembolsado $9 millones (90% del préstamo), pero solo existían 35 infocentros de los 100 comprometidos.
La asociación no cumplía sus metas, pero se embarcaba en otros proyectos que le reportaban pérdidas . El BMI transfirió a Infocentros más de $4 millones hasta 2009, a través de convenios de prestación de servicios. El artículo 26 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, después de su reforma, impide adquirir servicios donde empleados o funcionarios de la entidad forman parte de la Junta del oferente.
De igual manera, el informe publicado por Transparencia Activa menciona como miembros de la Junta Directiva a Yolanda Mayora de Gavidia, exministra de Economía durante el gobierno de Elías Antonio Saca, como también María Cecilia Gallardo de Cano, ministra de Educación en el gobierno de Armando Calderón Sol o Mirna Graciela Liévano de la Torre de Marques, exministra de Planificación de la Administración en la época de Alfredo Cristiani.
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