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Tras ser un absoluto deconocido, el 23 de enero de 2019 el diputado opositor Juan Guaidó, se autoproclamó como presidente de Venezuela, acción ilegal que contó con el respaldo de Estados Unidos y otros 49 países de lo llamada comunidad internacional. A un año de esta maniobra política de la extrema derecha, los resultados son evidentes: Nicolás Maduro se mantiene como Mandatario Nacional y comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), mientras los hechos de corrupción, traición a la Patria y fracturas del antichavismo extremista han mellado la imagen construida por las empresas de la comunicación del parlamentario.
En un trabajo especial publicado por RT en su portal web, según sondeos realizados por la encuestadoraMegánalisis, el 71,4% de los opositores ya no respalda a Guaidó, un declive que se explica por factores como la pérdida de la hegemonía dentro de la Asamblea Nacional (AN), las promesas incumplidas y los múltiples casos de corrupción que salpican al expresidente del Parlamento y a su entorno más cercano.
Este último factor, unido a la opacidad en el manejo de millonarios recursos, han sido claves para explicar el ocaso del parlamentario que proveniente de las filas de Voluntad Popular (VP), el partido del ultraconservador Leopoldo López.
¿En qué consistieron esas irregularidades? Aquí en VTV te las listamos según la publicación de RT:
El Cucutazo
A mediados de junio de 2019, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, instó a investigar y esclarecer los graves cargos formulados en una investigación periodística de PanAm Post sobre la supuesta apropiación de fondos para la “ayuda humanitaria” por parte de los representantes de Guaidó en Colombia.
Esta “ayuda humanitaria” provenía de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suecia, Argentina, Chile, Colombia, Puerto Rico y la Comisión Europea, así como los fondos recaudados durante un concierto realizado en Cúcuta, que fue apoyado por el multimillonario Richard Branson, y que prometía ser invertido en alimentos y medicinas. Sin embargo, ni el dinero ni los productos llegaron a manos de los venezolanos.
Unos meses después, Humberto Calderón Berti, quien había sido nombrado por Guaidó como ‘enviado’ en Colombia, reveló que los recursos de esa supuesta “ayuda humanitaria” fueron desviados y que él había dispuesto de dinero de su bolsillo para costear el funcionamiento de la “embajada” paralela en Bogotá.
Calderón Berti también aclaró que las autoridades colombianas le habían advertido que parte de los fondos recaudados para Venezuela se destinaron al pago de “prostitutas, licor, manejo indebido de los fondos, cosas irregulares, facturación ficticia y manejos extraños”.
En la denuncia del “embajador” se incluyó también el maltrato que recibieron los 148 militares que, en febrero del año pasado, desertaron para apoyar al autoproclamado en su intento de ingresar supuesta “ayuda humanitaria a Venezuela”.
La residencia, manutención y soporte a las familias prometida por Guaidó a los militares traidores a la patria quedó en el limbo, gastos que tuvieron que ser asumidos por un tiempo por el Gobierno de Colombia y la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR). En paralelo, Calderón Berti acusó a Kevin Rojas y Rossana Barrera, ambos de Voluntad Popular, de haber malversado al menos 99.110 dólares, aparte de otros 44.000 que, según dijo, aún se debían.
Recuerda RT queCalderón Berti aseguró que dentro de las filas del partido de Guaidó estaban al tanto de la situación, pero decidieron mantener silencio, incluso ante los gobiernos que les brindaron apoyo económico. Esta afirmación costó la destitución del enviado a cargo del propio Guaidó, tras justificar la medida como “modificaciones” en su política exterior.
Corrupción en el CLAP
El primer día de diciembre de 2019, el portal Armando.info publicó un extenso trabajo sobre la supuesta participación de un grupo de parlamentarios opositores en una “trama para otorgar indulgencias” a empresarios relacionados con la importación de alimentos que distribuye el Gobierno, a través los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) como medida de protección al pueblo ante los efectos negativos por las medidas unilaterales que los propios voceros de la extrema derechan han solicitado contra el país.
RT refiere que según la denuncia, once diputados de diferentes partidos de la derecha venezoana, incluyendo tres de Voluntad Popular (al que pertenece Guaidó), hicieron gestiones ante instancias como el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Fiscalía General de la Nación de Colombia para que se dejara de investigar a los empresarios implicados.
Ante este escándalo, Guaidó intervino la Comisión de Contraloría y suspendió a los diputados acusados de corrupción, pero el retiro de sus inmunidades iba a depender de los resultados de una investigación que se realizaría con el apoyo de ONG, de la cual no se supo nada más.
¿Y el dinero de la USAID?
Esta semana, Parra pidió investigar el destino de los recursos que Guaidó recibió de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) como “ayuda humanitaria”.
Según Parra, no se sabe “en qué manos fue a parar ese dinero” y por esa razón también solicitará “a las instituciones nacionales que investiguen a las personas, instituciones u ONG que recibieron esos fondos”.
La USAID ha suministrado, desde 2017, casi 467 millones de dólares a la oposición venezolana en concepto de “ayuda humanitaria”, según reconoce el organismo en su sitio web oficial.
Además, detalla que, tras un acuerdo alcanzado en octubre de 2019, la USAID ha comprometido 128 millones de dólares para “ayudar” a Guaidó “a seguir desarrollando planes para recuperar la economía e implementar servicios sociales durante una transición a la democracia”.
La agencia estadounidense reconoció también haber asignado fondos para “compensación, costos de viaje y otros gastos” para supuestos “asesores técnicos de la AN” y la administración interina de Guaidó, “a través de fondos de asistencia”.
En medio de este panorama, Guaidó ha decidido “celebrar” el primer año de su autoproclamación con una gira internacional que ya lo llevó a Colombia, Reino Unido, Suiza, Bélgica, y que terminará en España, a pesar de que en su contra se giró una orden de prohibición de salida del país por parte del Tribunal Supremo de Justicia, desde el 29 de enero de 2019.
