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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
El Estado no hace nada por atender denuncias. “Una situación dolorosa está viviendo una niña de 12 años a causa de una violación perpetrada por un adulto mayor de 85 años. Está embarazada y a punto de dar a luz”, dijo Morena Herrera, representante de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local ante una solicitud de ayuda que recibieron esta semana a favor de la menor, que no ha recibido ayuda hasta el momento de entidades como el Ministerio de Educación ni el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA).
Esta denuncia revela la vulnerabilidad en la que se encuentra el Estado salvadoreño ante esta problemática, que sigue generándose en perjuicio de niñas y adolescentes que ven como sus derechos son vulnerados.
“Este es El Salvador”, denunció Herrera ante la falta de respuesta institucional y del Estado.
Herrera asegura que recientemente la entidad ha recibido la solicitud de apoyo, pero que en el centro educativo donde la menor se encuentra ha tenido apoyo de sus maestras y han logrado que sus compañeros de la escuela la apoyen. Pero lamentó que las maestras y familia de la menor han recurrido al CONNA y al MINED, pero que hasta el momento no han hecho nada.
“Nosotras recién hemos tenido información y estamos en comunicación para ampliar el apoyo que tiene y poder enfrentar la situación (…) ya es un embarazo muy avanzado”, explicó la dirigente feminista.
Reportes recientes de entidades de protección al menor, indican que para el 2019 se han registrado 887 denuncias por delitos sexuales entre enero a marzo. A diario se registra tres denuncias por agresiones sexuales que incluyen violación y estupro. De estas denuncias 666 casos se registraron en menores de 17 años. Muchos de estos se quedan en total impunidad.
Para Herrera, se debe superar la hipocresía y la doble moral, comprometerse a garantizar los derechos de las niñas y adolescentes. Esto significa abordar desde una perspectiva integral los derechos sexuales y reproductivos.
El MINED debe incluir la materia de sexualidad, debe revisar la provisión de anticonceptivos a las adolescentes.
Además, debe aprobarse la Ley de interrupción de embarazo cuando hay casos de embarazos impuestos por violación, “sino es mentira que defiendan los derechos reproductivos de las niñas y adolescentes”, sostuvo.
