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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Sonia Rubio Padilla, politóloga y abogada, experta en derecho internacional de derechos humanos, afirmó que a lo largo de estos últimos años el Estado salvadoreño ha faltado a la obligación de cumplir el marco jurídico para dar una respuesta a los familiares de las víctimas del conflicto armado que incluyó la desaparición forzada de la niñez.
“Es una deuda no sólo porque tiene un marco jurídico interno, sino también, porque varios organismos internacionales de derechos humanos le han orientado la forma en que debe adoptar el marco jurídico y las medidas de reparación que incluye la investigación, persecución y sanción de los responsables”, agregó.
En el marco del Trigésimo aniversario de fundación, la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (Pro Búsqueda), realizó el Foro “30 Años Caminando con Esperanza”, que reunió a padres y madres fundadores junto al padre Jon Cortina, en 1994, la búsqueda de niñas y niños desaparecidos en el conflicto armado de los años ochenta.
Para Rubio, la falta de cumplimiento de algunas sentencias como las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que han incluido el fortalecimiento de comisiones de búsqueda para estos niños y niñas, han quedado “doblegadas”, y han preferido presentar nuevas acciones que sólo van en detrimento de las víctimas.
“¿Por qué lo hacen? porque no existe una verdadera voluntad política para hacerlo. Además, investigaciones recientes dan cuenta, lamentablemente, que quizás la alianza militar con el poder actual se ha reforzado. Y tenemos un incremento en el militarismo y no solamente en el número de efectivos militares, sino en su presupuesto y funciones”, alegó.
Existe una complicidad de seguirlos protegiendo en esos crímenes de niñas o personas desaparecidas -muchos de ellos-, responden a quienes fungieron como los altos estamentos militares del pasado y aunque no son figuras públicas ahora, son protegidos por el Estado; afirmó Rubio.
Sobre esta actitud de “protección estatal”, agregó que el gobierno estaba enfocando un “el intento de no hacer nada” , en el claro conocimiento que los familiares de las víctimas son personas adultas mayores, que muchos superan los 60 años, lo que lamentó, porque están falleciendo madres, tíos, hermanos, sin encontrar a sus familiares desaparecidos ni recibir justicia y reparación.
“Dentro de la jurisprudencia internacional de derechos humanos existe un criterio que se llama -la debida diligencia reforzada- que trata, sobre todo, para evitar el retardamiento de justicia y esta debe actuar en casos de graves violaciones a derechos humanos como los casos de desapariciones forzadas”, argumentó.
“En ciertas condiciones como que las víctimas sean personas mayores, se debe aplicar la debida diligencia reforzada. Lo ha dicho la Corte IDH, el Estado tiene el deber de acelerar el proceso y no sólo para investigar, perseguir y sancionar a los responsables, sino también para encontrar estas personas desaparecidas”, manifestó Rubio.
Son casi 20 años de la primera sentencia internacional de niñez desaparecida el caso de las Hermanas Serrano Cruz, emitida por la Corte CIDH, en el año 2005, y que los familiares de las víctimas que integran Pro Búsqueda, no ha logrado recibir todas las reparaciones y la investigación del paradero de las niñas y niños desaparecidos forzosamente por el Estado salvadoreño.
30 años de trabajo y esperanza de familiares de víctimas
Ana Julia Escalante, directora de Asociación Pro Búsqueda, consideró que el “denominador común de los gobiernos, a lo largo de tres décadas, ha sido la falta de voluntad política” para con las víctimas y sus familiares que aún los buscan.
“Ha sido una constante de los diferentes gobiernos en turno, incluido éste, que no ha atendido las necesidades de las víctimas y sus familiares que es principalmente la verdad, es algo que no se puede negociar y no pueden dejarla de lado”, señaló.
“El tema de la verdad está amarrado a la justicia, porque eso implica conocer los autores de los hechos, de quienes fueron los responsables de la desaparición de los niños y niñas. Y no solamente el Estado, porque también hubo personas particulares médicos, enfermeras, abogados, aún gente de instituciones humanitarias que no tuvieron el cuidado de velar por el derechos de esta niñez y reintegrarlos a su grupo familiar”, alegó Escalante.
Escalante consideró, que estas desapariciones forzadas de niños y niñas, se convierten en un delito, que se mantiene en el tiempo, porque fueron “identificados como objetos de lucro”, lo que eleva la gravedad de estos hechos pasados.
“Nosotros tenemos la constancia de este delito, porque hemos encontrado a mucha de esta niñez fuera del país, que ahora son personas adultas y sabemos que en la mayoría de los casos fueron adopciones irregulares, lo que significa la existencia de toda una red para que facilitaran que estos niños y niñas salieran del país”, reafirmó.
Como Pro Búsqueda, Escalante agregó dijo que este conflicto armado la niñez salvadoreña, también sufrió el asesinato por agentes del Estado, y que han podido documentar como lo demostraron las exhumaciones en Arcatao, Chalatenango, en el año 2017.
“Es decir, esta es una deuda y más que deuda una responsabilidad del Estado salvadoreño de resarcir a las familias, de apoyarlas en la relocalización de sus familiares y para ello, necesitamos la vinculación de otras instituciones del Estado que estuvieron presentes y prácticamente fueron responsables de esos traslados”, puntualizó Escalante.
