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Rosmeri Alfaro
@RosmeriAlfaro
El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) reconoció que durante los últimos quince años, El Salvador ha realizado esfuerzos por consolidar el Estado de Derecho y Democracia; sin embargo, señaló las observaciones que el Comité de los Derecho del Niño continúa presentando al Estado.
Hace 29 años, el país suscribió y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (CSDN), con lo cual asumió la responsabilidad de implementar en su estructura institucional, social, cultural y familiar un nuevo modelo de protección integral de la niñez y adolescencia.
“Con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño se dio inicio a las transformaciones tendentes a la adecuación del sistema de protección hacia la niñez y adolescencia, superando la situación irregular para dar paso a la protección integral”, expuso la presidenta de la CNJ, María Antonieta de Parada.
La titular del Consejo Nacional de la Judicatura resaltó, antes de ese cambio, “la niñez y adolescencia que se encontraba en situación de riesgo era tratada de la misma forma respecto a la niñez infractora, y eran considerados sujetos de protección, a lo sumo, y no como sujetos de derecho”.
La CNJ enfatizó, en casi tres décadas de su suscripción y ratificación, El Salvador ha cumplido con la obligación de presentar informes sobre la situación de este grupo poblacional, y de igual forma ha recibido las respectivas observaciones y recomendaciones, las cuales aún no han sido tomadas en cuenta.
Es así que en los últimos dos informes (5 y 6), el comité resalta que las recomendaciones son para que el país las cumpla, implemente y busque efectivizar las mismas. Entre las encomiendas destacan la integralidad, institucionalidad, seguimiento, difusión y discusión de informes de país, entre otras, para la protección integral de las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA).
La fuente puntualizó, aunque hay políticas, planes y programas para atender las situaciones de los niños vulnerados o amenazados en sus derechos, como la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el país precisa de un sistema integral para responder exigencias jurídicas de los NNA.
