Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Las políticas de seguridad implementadas en el país han tenido un impacto diferenciado en las comunidades estigmatizadas y criminalizadas por la pobreza, afirmaron Cristina Montoya y Marcela Acosta, investigadoras y responsables del informe “Me da miedo que me lleven: La Experiencia de la Niñez en el Régimen de Excepción”.
“Se evaluaron percepciones de lo que puede pasar a esa niñez, en ese lugar que tiene un estigma territorial. Y cómo se configura una imagen de una persona, y en este caso una comunidad que si es peligrosa o criminal”, dijo Cristina Montoya.
La investigación fue realizada por el Servicio Social Pasionistas, con el apoyo de Bilbao, ADECO, BROT für die Welt, y el Ziviler Friedensdienst (Servicio Civil para la Paz).
No rehuimos los conflictos, dijeron las investigadoras, por eso la decisión de explorar la vivencia de la niñez en las comunidades que históricamente son zonas estigmatizadas por la violencia del control de las pandillas. El estudio de SSPAS presenta un panorama desalentador para esta niñez y comunidades en cuanto a la percepción de la inseguridad en el país y el “impacto diferenciado” en estos asentamientos poblacionales marginados en su mayoría, agregaron.
“Estas violaciones impactan negativamente en la calidad de vida y desarrollo adecuado de la niñez, derechos como vivir en familia, un ambiente sano, no ser objeto de discriminación y ninguna forma de violencia. Y garantizar su derecho a la educación, la salud, el juego y el deporte o esparcimiento están siendo vulnerados”, explicó Montoya.
“En esta investigación escogimos a las comunidades estigmatizadas por la violencia, porque en estas comunidades es que la gente asocia el delito y ¿Qué tiene que ver esto con la política de seguridad del Régimen de Excepción?”, agregó.
Para Montoya, conceptualmente la política de seguridad en su forma tradicional está referida a un proceso de proteger, fortalecer y proteger el orden civildemocrático, eliminando las amenazas de violencia a la población y que permite una coexistencia segura y pacífica, lo que por ahora, no se cumple de forma integral.
“Lo importante del concepto es que hace una separación de una persona ciudadana y persona criminal, o lo que la sociedad entiende como una persona criminal. Y si la sociedad entiende que lo criminal y lo peligroso está en esa comunidad pobre que ha tenido mucha violencia de pandillas, entonces, es fácil pensar que esa población se debe eliminar o controlar”, explicó.
“Con la investigación queremos visibilizar los impactos sociales, económicos y psicoemocionales del régimen de excepción , con énfasis en la situación de los derechos humanos de la niñez, que reside en las comunidades estigmatizadas por la violencia. Y analizar la percepción en cuanto a la seguridad e inseguridad de las comunidades a la base de relatos de madres y niñez”, reiteró Montoya.
La “política de seguridad está relacionada con lo que se entiende por inseguridad” y que ambos conceptos se refuerzan mutuamente y retroalimentan. Lo que les permitió identificar los impactos sociales, psicológicos y económicos que se han dado, al que se suma el impacto de la percepción de la seguridad.
“Esto sí afecta el desarrollo integral de las niñas y los niños a lo largo de su vida, no sólo en el momento presente y también, toca la forma en que se relaciona la niña o niño en la sociedad. Además, el estudio ha retomado las diferentes figuras del temor y control que han ido cobrando distintas formas en el país”, manifestó. “En la investigación, en el marco del régimen de excepción, tenemos las figuras de control sobre el territorio, es decir, un grupo de personas capaces de cambiar las dinámicas que hay en una comunidad. Antes, el control estaba ejercido desde la ilegalidad por estructuras de pandillas, ahora con el régimen son fuerzas de seguridad que han recuperado el control de territorio, pero su accionar de detenciones al azar o sin motivo alguno, ha provocado temor en la población”, aseguró Montoya.
La percepción de la inseguridad tiene diferentes dimensiones
Marcela Acosta señaló que la percepción de inseguridad debe aplicarse un análisis a través de cuatro percepciones que son: la dimensión política, la dimensión cognitiva, la dimensión emocional y el terreno de las acciones.
“Cada una de estas dimensiones interactúan entre sí, y se retroalimentan una a la otra, con implicaciones sociales y políticas diversas. Para entender un poco la dimensión política esta se encuentra definida por discursos que circulan socialmente que identifica dos elementos: por medios de comunicación tradicionales o redes sociales, y el segundo, construido desde la agenda que imponen los actores políticos”, expresó Acosta.
Todo manejo mediático termina generando un discurso político que se potencia a través de las redes sociales y medios de comunicación con el fin de “reforzar el posicionamiento del Estado”, frente a estos grupos que les consideran delictivos o personas estigmatizadas.
“El control y vigilancia que se hacen a través del territorio se potencia a partir de estos discursos que circulan socialmente y esto produce un imaginario en la población sobre las pandillas y las zonas estigmatizadas”, comentó.
“Lo comprobamos con los relatos de las madres y la niñez, que expresaron que se sienten felices porque gracias al presidente el país había cambiado, pero también se configura la expresión -me da miedo porque me puede pasar a mí también-, un temor de la niñez que las fuerzas de seguridad ejerzan violencia a conocidos de la comunidad o su propia familia”, alegó Acosta. La investigación señala también que deben implementarse políticas públicas que aborden de inmediato las “múltiples facetas de la exclusión social” , pues a la niñez de las comunidades estigmatizadas por la violencia no les están garantizando el bienestar al que tienen derecho.
Asimismo, exhortan al Estado salvadoreño a formular planes, programas y proyectos que aborden estas necesidades específicas de la niñez, quienes han sido afectados directamente por el régimen de excepción con acciones encaminadas a proteger sus derechos.
Asimismo, recordaron al Estado salvadoreño, la urgencia que a través, de sus instituciones faciliten a las personas privadas de libertad, tener contacto con sus familiares y especialmente la niñez y adolescencia, ante el impacto emocional que les ha generado la incertidumbre por el desconocimiento sobre las condiciones en las que se encuentran sus familiares.
