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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Estados Unidos es un país constituido con inmigrantes británicos y franceses, que prácticamente eliminaron a los pueblos originarios en el norte de nuestro continente americano. Forjó su desarrollo con otros flujos de inmigrantes europeos y ahora su presidente hace política electoral con la persecución a los actuales inmigrantes, violando sus propias leyes y los derechos humanos.
El más reciente anuncio hecho es que deportará a un millón de inmigrantes, antes presionó a México para aumentar la contención de esos flujos migratorios desde el sur; y aunque otras autoridades estadounidenses, estatales, locales o judiciales expresen reparos y eventualmente han frenado acciones del presidente; el solo anuncio produce un efecto sicológico en la población radicada en ese país, y carece de documentación que le defina como residente o ciudadano estadounidense.
Igual efecto produce en los familiares en los países de origen, especialmente en los países centroamericanos pero según opiniones de salvadoreños radicados legalmente en EE. UU., la finalidad de estos anuncios y las acciones de persecución tienen el propósito de obtener votos entre la población blanca y más conservadora de EE. UU. es decir, que la finalidad es esencialmente política electoral para reelegirse un próximo período por parte de Donald Trump.
Las migraciones siempre tienen diferentes motivos; así como los primeros británicos llegaron a estas tierras por persecución religiosa y otros europeos lo hicieron buscando progresar en el nuevo mundo sin intolerancia política ni religiosa, los inmigrantes latinoamericanos y caribeños que ya son parte de esa nación aportan a su desarrollo, lo hacen esencialmente con la esperanza de encontrar oportunidades para mejorar las condiciones de vida de sus familias y en otros casos, pretendiendo escapar de situaciones de violencia que padecen nuestros países.
La construcción social del “sueño americano” propalado en la producción cinematográfica, y en los ejemplos concretos que produce el progreso individual de migrantes en EE. UU. ha dejado de ser algo cierto para la mayoría; ha quedado demostrado que los migrantes padecen muchas veces tratos propios de la esclavitud.
Muchos son obligados a trabajar sometidos a otros en la mejor expresión del delito de trata de personas. El peregrinaje de nuestros migrantes mesoamericanos ha mostrado suficientes evidencias de que caminar tras ese sueño, suele convertirse para muchos en una verdadera pesadilla y hasta en la muerte; sin embargo el flujo no se detiene.
Estamos frente a una política agresivamente anti inmigrante y una utilización electoral de la misma por los inquilinos de la casa blanca, ello obliga a los gobiernos de nuestros países a asumir la verdad más de fondo, la defensa de los derechos humanos de nuestros hermanos y hermanas, que si bien carecen de documentos en Estados Unidos o transitan ese camino hacia el norte por su propia voluntad, son personas con derechos y los convenios que ya regulan este complejo problema universal de las migraciones, deben ser utilizado para defenderles y protegerles.
La historia registra el trato salvaje dado a los pueblos indo-americanos, la historia más reciente también registra el trato discriminatorio a minorías afrodescendientes, pobres y latinos, cada vez esos tratos discriminatorios y agresivos estuvieron marcados por un discurso y un interés político de quienes han hegemonizado y gobernado ese país.
Desconocer el verdadero propósito de la política xenófoba de los gobernantes de hoy en EE. UU., llevaría a dejar a su suerte y sin protección a seres humanos con derechos que son ciudadanos de nuestros países.
La ONU logró en 2018 el primer pacto global para proteger las migraciones, que contempla entre otras cosas medidas contra la trata y contra la separación de las familias, el regreso seguro y digno, a no retornar a quienes enfrentan un riesgo real de muerte, tortura o tratos inhumanos.
Este problema que es mundial ha sido desmitificado y las investigaciones dejan en claro, que los migrantes aportan al desarrollo del país que los acoge el 85 % de sus ingresos sirve al país que les alberga y solo 15 % se convierte en remesa, que ayuda a sus familias en su país de origen.
Sin duda en Estados Unidos además de la Casa Blanca, en su pueblo y sus instituciones existen sectores con una visión diferente y las autoridades de nuestro país, en ellos y en los pactos internacionales que reconocen los derechos humanos y los derechos de los trabajadores migrantes, debe apoyarse para asumir la defensa de nuestra gente en vez de someterse por falsa conveniencia a la política exterior de ese país.
La prueba está en manos del gobierno salvadoreño, asumir la defensa de su pueblo es una obligación que se debe cumplir de la mejor forma posible.
