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Eduardo Serrano
@DiarioCoLatino
El Director de la Policía Nacional Civil (PNC), health Howard Cotto, sovaldi ante el pronunciamiento sobre supuestas irregularidades denunciadas por el Procurador para la Defensa de los Derechos Humano (PDDH), no rx David Morales, aseguró que la institución policial es garante de los derechos humanos de todos los salvadoreños.
“Procuramos y exhortamos a que los hechos, sea cual sea, se esclarezcan. Es correcto y positivo. Nosotros no basamos el éxito de nuestras operaciones en la posibilidad de violar derechos humanos, nosotros no vamos a basar el éxito de nuestra operación en cuantas personas fallecen”, agregó el Director.
Y es que el Procurador denunció que en dos casos ocurridos en 2015, en el que se enfrentaron la Policía y elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) contra grupos pandilleriles, se presume que fueron ejecutados.
“La PDDH es la institución vigilante de los derechos humanos, es su función, nosotros lo respetamos, por la posibilidad de realizar investigaciones que lleven al esclarecimiento, en los hechos; sin embargo, la investigación esta en manos de la Fiscalía; es que nosotros estamos a disposición de la misma, el Procurador Morales, también reconoce esta función”, dijo Cotto.
El máximo jefe policial destacó que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Asuntos Internos realizan las investigaciones correspondientes de los hechos ocurridos, tras los enfrentamientos con miembros de pandillas.
“Existe un debido proceso en la investigación, incluso, los agentes involucrados en el enfrentamiento son sacados para que no se vulnere cualquier tipo de investigación”, detalló el Director.
De acuerdo a los hechos denunciados por el Procurador, el primer caso ocurrió en la Finca San Blas, San José Villanueva, el 26 de marzo de 2015, y el otro en el caserío Pajales, de Panchimalco, el 16 de agosto; los cuales según investigaciones periodísticas hubo irregularidades en el proceder de los cuerpos de seguridad, y ha sido la PDDH, que ha emitido dos resoluciones sobre los citados casos.
En el caso de la Finca San Blas, la PDDH concluyó que existen elementos suficientes para establecer la responsabilidad de efectivos policiales por la ejecución extralegal de dos de las personas fallecidas, identificadas como Dennis Alexander Hernández Martínez y Sonia Esmeralda Guerrero.
Igualmente, en el caso del caserío Pajales, en Panchimalco, el procurador concluyó que existen elementos suficientes de mal procedimiento en las muertes de 5 personas, entre ellas un menor de 17 años de edad y otro de 15, en las que hubo privación arbitraria de los fallecidos.
