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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
El segundo plantón por la Verdad y la Justicia de las Víctimas del Conflicto Armado, este jueves 24 de octubre, engloba treinta años de demandas permanentes contra el Estado salvadoreño, por una Ley de Reparación Integral para las Víctimas del Conflicto Armado, que por ahora se encuentra en las manos legislativas, que deberán promulgar un marco jurídico que de oportunidad de acceso a la verdad, la justicia y la reparación.
Eduardo García presidente de Pro-Búsqueda reiteró que la Ley de Reparación Integral para las Víctimas del Conflicto Armado tiene un objetivo, y es “seguir pidiendo la dignidad para las víctimas. No estamos pidiendo venganza, solo queremos justicia y reparación”, dijo en exclusiva a Diario Co Latino.
-¿Por qué este retardo con la justicia para las víctimas?
Cuando los que tienen que resolver los conflictos, cuando los que tienen que hacer que prospere el país, solos o involucrados en los conflictos, difícilmente llegan a acuerdos que beneficien a los que perjudicaron o dañaron. Y esa es la realidad que tenemos en el país. Mientras en la Asamblea Legislativa haya dinosaurios, no solo los que vivieron el período de la guerra, sino anterior a esto, son personas que tienen una conciencia fijada de un Estado democrático “entre comillas”, porque vamos de nuevo de retroceso, otra vez.
Esta gente tiene ideas fijadas en represión y autoritarismo; para ellos es natural generar beneficios para los que estuvieron de su lado, que son los veteranos, les es complicado reconocer el daño que han hecho a las víctimas.
-¿Cómo calificas esta actuación?
Yo no puedo entender que los mismos que levantaron para asignar 52 millones de dólares, para la Ley de Veteranos de Guerra, sea a disponibilidad económica del Estado, pero para las víctimas no hay dinero (reparación económica). Y no es que este sea el sentido más grande. Porque esa es la dignidad de las víctimas. Porque aquí, cuando hablamos de justicia, debemos saber muy bien que no es perdón y olvido, que no es desatender a la gente, que no es generar incertidumbre o no promover el resarcimiento a esas vulneraciones que tuvieron.
-¿Qué es justicia para las víctimas?
La justicia es dar a cada quien lo que se merece. Al que causó un daño, una sanción acorde al daño que causó y la reparación a la víctima, acorde a la violación que ha sufrido. Esa es la justicia sencillamente; pueden haber mil definiciones, pero el ciudadano de a pie es justo, oportuno, y se pide que se hagan los esfuerzos para reparar ese daño, no hay otra salida. Entonces no podré entender jamás que una persona que haya desaparecido, una persona que haya destrozado a machetazos a otra, que haya ejecutado a niños, violado a mujeres, que esos delitos sean sancionados de otra manera. El caso de El Mozote que esta documentado, que quieran obviarlo y olvidarlo porque “ya pasó el tiempo”, les digo no ha pasado el tiempo, esas heridas están allí.
-¿Por qué la tardanza de ese marco normativo?
Se pretende generar una ley que sancione con cuarenta años a funcionarios que desaparecen a personas y con treinta años a los civiles que desaparecen a una persona, pero quieren indultar, perdonar y enaltecer -incluso- a personas que promovieron esas desapariciones; entonces eso no es devolver la dignidad a las víctimas, máxime cuando las personas que sufrieron en el pasado sufren en el presente.
-¿Por qué el Estado salvadoreño está volviendo al pasado?
A mí me gustaría tener un presidente más consultivo, que fuera el coordinador, responsable, que llevara la conducción del país, pero no que ordenara o mandara, porque solo en los regímenes dictatoriales se entiende este manejo, porque en los regímenes democráticos se someten a votación; entonces no me parece apropiado que se hagan cosas buenas que parecen malas. Un caso claro, si hay problemas de salubridad en empresas me parece correcto aplicar la jurisprudencia que corresponde y que inspeccione y sancione. Pero en el mismo equilibrio debe ser en todas las empresas del ramo. Yo no se adónde hay más insalubridad, si en el centro de San Salvador, la puerta del Hospital Rosales o el Mister Donuts. Y no estoy defendiendo a esta empresa, porque tiene capital para mejorar todas las condiciones que tengan deficientes, cosa que no tienen las otras personas sentadas en la puerta del Hospital Rosales; porque en el fondo estamos hablando de la defensa de la salud del consumidor salvadoreño.
-¿Justicia inequitativa o ausencia de justicia?
Yo no entiendo por qué se esta masificando de nuevo el encarcelamiento, los privados de libertad tienen derechos y precisamente en un Estado democrático se le asignan derechos y respetan a los privados de libertad. Así como los que somos respetuosos de la ley, porque todos tenemos derechos, no importa que haya cometido errores y que por ello reciba su sanción a todos los niveles; pero aquí no pasa esto. Hay personas que pasan seis meses en fase de investigación, porque la incapacidad del órgano de justicia le niega esos derechos. Aquí tenemos a las víctimas, treinta años después, sin justicia.
-¿Considera que hay funcionarios no aptos en materia de derechos humanos?
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) fue creada para defender a la población de los excesos o agravios que cometa el Estado, y con la elección reciente del procurador de Derechos Humanos, acaban de dejar desprotegida a la sociedad de los abusos del Estado; fue una elección pública, pero no transparente.
Y llama la atención que los grandes problemas como la violencia, delincuencia, los recursos naturales, elijan un funcionario público que impide a las mujeres decidir sobre su cuerpo, se declara en contra del matrimonio igualitario de la población LGBTI y que atente contra la memoria histórica. Esto preocupa, porque son las demandas de la Asamblea Legislativa para designar al procurador de DDHH y al fiscal general de la República.
