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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
El director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Henri Fino, consideró que no es contradictorio el juzgamiento y la justicia con el respeto de los derechos humanos, pues no están en contra de procesar a quienes han cometido delito, pero sí que, en ausencia total y absoluta de la justicia se les condene.
Fino sostuvo que la filosofía de los gobernantes en este país siempre ha sido la cárcel por cárcel misma, violando la Constitución, en ninguna parte del mundo como medida extraordinaria, se priva a un procesado del derecho de defensa como sucede en El Salvador.
“Digamos que de esos 62,000 detenidos, 50 mil son pandilleros, a esos hay que juzgarlos y hacerlo de acuerdo a la ley, con el debido proceso; y eso no significa que no debemos tener el respeto a los derechos humanos. El Régimen de Excepción no le ha suspendido derechos constitucionales a los delincuentes, nos lo ha suspendido a todos”, indicó Fino.
Asimismo, dijo que el Régimen de Excepción regulado en la Constitución es para situaciones extraordinarias, pero la seguridad pública y el combate de la delincuencia es de la agenda diaria de cualquier gobierno en el mundo; el encarcelar a todos los pandilleros no resuelve de raíz el problema, lo que se está haciendo es tratar con represión.
Muchas personas que nacieron dentro de las pandillas y nunca vivieron en una sociedad normal, se les debe insertar, pero hay otros que, producto de las condiciones sociales mismas, se integraron a las pandillas, a quienes hay que reinsertarlos.
“Hay gente detenida ilegalmente y su familia ha comprobado que no tienen ninguna vinculación con pandillas, 111 personas fallecieron dentro de los centros penales sin que ellos tuvieran alguna participación en estos grupos delincuenciales”, expresó durante el espacio televisivo Encuentro con Julio Villagrán de TVX.
Según el director ejecutivo de FESPAD, no se puede negar que hay una sensación de seguridad, sin embargo, esa situación también ha opacado otra cantidad de cosas como las reformas a las leyes; pues el régimen no quiere que el pueblo salvadoreño piense, se informe y critique.
El país se está aislando completamente y en una situación crítica económica, depende mucho de la remesa que envían los compatriotas pero también, del financiamiento de organismos multilaterales, no es posible ignorar todas las observaciones, comentarios y críticas que los organismos internacionales hacen del gobierno.
Ademas, señaló que la titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) se vuelve cómplice del régimen, al guardar silencio frente a la reiterada violación de derechos humanos que ocurre en el país, dentro del mandato de la institución está el tema de los centros penales, sin embargo, hasta la fecha no ha tenido absolutamente ninguna presencia al respecto.
