Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el miércoles que no permitirá el ingreso al país norteamericano a trece militares en situación de retiro, así como a sus familiares, por estar señalados en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras.
Los militares de alto rango señalados en lo que se conoce como la “Masacre de los Jesuitas”, ocurrida el 16 de noviembre de 1989, son Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano Morales, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Yusshy René Mendoza Vallecillos, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Carlos Camilo Hernández Barahona, Oscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Avalos Vargas, Ángel Pérez Vásquez y José Alberto Sierra Ascencio.
“Estos trece militares salvadoreños en los rangos de generales a soldados estuvieron involucrados en la planificación y comisión de ejecuciones extrajudiciales de seis sacerdotes jesuitas y otras dos personas que se refugiaron en el campus de la Universidad Centroamericana en El Salvador”, reza el comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Para el exrector de la UCA y director del IDHUCA, sacerdote José María Tojeira, lo anunciado por el departamento de Estado, no es suficiente. “Dejan por fuera a algunos que estuvieron involucrados en el asesinato”, dice el sacerdote jesuita.
“Yo me hubiera preocupado más en personalidades de alto nivel militar que probablemente estuvieron implicados y no por los hechores materiales, que al fin del cabo era soldaditos, que si no obedecían los mataban. Más allá que corrían un grave peligro si desobedecían, entre los autores intelectuales y encubridores no aparecen en la lista y ahí me hubiese gustado más que los estadounidenses hubieran hecho un estudio más a fondo o hubieran consultado a sectores con conocimiento”, agrega el sacerdote.
El padre Tojeira tiene razón, no basta con lo anunciado por el departamento de Estado de los Estados Unidos, no solo por la medida contra los trece militares y su oficiales que estuvieron directamente involucrados en la materialización de la masacre, sino los que la planificaron y que, siendo parte del Estado Mayor Conjunto, dieron la orden de cometer el múltiple crimen.
Además, Estados Unidos debería explicar cuál fue el grado del involucramiento del personal de la CIA y del Departamento de Estado en El Salvador.
En el juicio que se le sigue al coronel Inocente Montano en la Audiencia Nacional de España, se ha conocido -de información desclasificada- que la CIA sabía con anterioridad del asesinato de los jesuitas y, concretamente, del asesinato del padre Ignacio Ellacuría, en ese entonces rector de la UCA.
Sería bueno saber -a esta altura- el porqué la CIA o el Departamento de Estado no hicieron nada para evitar la masacre de los jesuitas.
Junto a Ellacuría, fueron asesinados en la residencia de los jesuitas, en la UCA, Ignacio Martín, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, de origen español, y el salvadoreño Joaquín López; además, Elba Julia Ramos y su hija Celina.
Ya habrá momento -también- para pedirle a Estados Unidos que pida perdón por haber formado batallones especializados, como el Atlacatl, para sembrar el terror en la campiña salvadoreña, bajo el esquema de “Tierra Arrasada”, tal y cual lo desarrollaron en Vietnam los estadounidenses.
Fue una unidad del batallón Atlacatl que, al mando del coronel Alfredo Benevidades, incursionó a la UCA para asesinar a los jesuitas. El objetivo era Ellacuría, pero, actuaron como en la campiña, no había que dejar a “ningún testigo”, por eso mataron a Elba y a su hija de 15 años.
El caso de los Jesuitas -que en El Salvador se han negado a investigar- pese a que no se trató de un acto de guerra, sino de un crimen de lesa humanidad, se ha convertido en uno de los casos típicos de la impunidad judicial.
Y si bien el anuncio del departamento de Estado no es suficiente, como decimos en el titular de este editorial, al menos arroja un dato más que permitirá que en El Salvador se tenga la plena certeza de que el crimen contra los jesuitas y sus dos colaboradoras es una clara violación a los derechos humanos, cometido por el alto mando militar salvadoreña, y cuyo caso sigue en la impunidad.
