Redacción Nacionales
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Ante las amenazas del asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, a la revista periodística “Gato Encerrado”, por un reportaje de investigación que posteó en sus redes, sobre una posible reunión entre Argueta y cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para informarles que la impuesta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia iba a emitir una sentencia que garantizaba una posible participación del actual presidente Bukele en las elecciones de 2024, diputados en la Asamblea Legislativa han condenado tales acciones por parte del funcionario de CAPRES.
Sobre la exigencia de revelar fuentes periodísticas, el diputado Guillermo Gallegos, de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), dijo que “quizá es una postura personal del Lic. Argueta. Lo cierto es que muchas veces algunos periodistas sin contrastar información hacen ver una información como real, esto no es la generalidad, pero se da en nuestro país, lastimosamente”.
El legislador de derecha pro Bukele, agregó que “sí, es importante resguardar y proteger la labor periodística, garantizarle su trabajo y cada quien debe responder a criterio personal si pronuncia algo que no está de acuerdo a la ley o a los tratados internacionales”, sostuvo.
El oficialista afirmó que no se debe amenazar a periodistas con procesarlos o enjuiciarlos por llevar a cabo su función, “no lo veo correcto”. Sin embargo, recalcó que los profesionales del periodismo al momento de hacer conocer una información la constaten.
Le jefe de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), René Portillo Cuadra, lamentó las amenazas del funcionario de CAPRES, ya que esto sería regresar a acciones del pasado que tenían que ver con “coaccionar a los periodistas, con torcer las líneas del periodismo investigativo”.
“El periodismo debe de respetarse, sea incómodo o no, en todos los países del mundo se lucha todos los días para que haya un periodismo libre, para que transmitan a la población sus informaciones y poder revelar o poder ser coaccionado por el Estado para revelar fuentes”, comentó Cuadra.
“Nosotros estamos convencidos que El Salvador va avanzar en la medida que se respete a los periodistas y se respete el derecho a la información y el derecho de todos los ciudadanos accedan a conocer la verdad. Nos parece un desatino querer coaccionar a los periodistas para que revelen fuentes”, sostuvo.
Sumándose a las condenas, el diputado Mauricio Linares, de ARENA, afirmó que la prensa libre e independiente hace una laborar “encomiable” en el sentido que trasladan la noticia a la población en general.
El artículo 206 del Código Procesal Penal señala que los periodistas, y quienes ejerzan el periodismo “tendrán derecho a abstenerse de revelar a cualquier autoridad policial, funcionario público o funcionario judicial la fuente donde proviene la información que nutre las noticias, opiniones, reportajes, editoriales, que publiquen en ejercicio legítimo de su derecho a informar”.
Por tanto, Linares afirmó que no se tiene que estar amenazando, ni buscar la forma de coaccionar al periodismo, “y yo creo que cuando se está haciendo una labor en beneficio de el pueblo salvadoreño para que conozca la verdad, al contrario se debería de apoyar para que se tenga la oportunidad de conocer mejor, qué es lo que está pasando”, añadió.