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@JoakinSalazar
“No hay grupos armados integrado por ciudadanos que estén enfrentando por sí mismos a la criminalidad”, aclaró el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, ante el anuncio del presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, que admitió haber financiado a comunidades para que se armen contra la criminalidad. El ministro dijo que el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén apoya y fomenta la organización comunitaria para trabajar en conjunto con las autoridades en la Seguridad Ciudadana y en ser gestores de su propia seguridad.
“Estamos desarrollando diferentes planes en todos los territorios nacionales en los cuales la comunidad organizada cumple la labor que le corresponde y las instituciones cumplen su propio; hemos conocido a través de diferentes noticias el caso de una comunidad organizada en la zona sur del departamento de San Vicente, cómo esta, hay muchos ejemplos más en todo el país en diferentes zonas de El Salvador que funcionan bajo esa misma modalidad son comunidades organizadas que se alían con la Policía Nacional civil”, dijo.
Ramírez Landaverde admitió que toda persona tiene derecho organizarse, siempre y cuando esta sea dentro de la legalidad. Recientemente, el diputado presidente de la Asamblea dijo que había apoyado económicamente a habitantes de la Comunidad de San José de la Montaña, en Zacatecoluca, La Paz. El diputado otorgó dinero para miembros de esta comunidad compren sus armas y las legalicen.
En este hecho, el Ministro dijo “nuestra Constitución y las leyes establecen que los salvadoreños tienen derecho a organizarse con fines lícitos. También tenemos una regulación en materia de tenencia y portación y conducción de arma de fuego”.
Pero el titular de seguridad advirtió, “lo que no debe permitirse es que hayan grupos de supuestos ciudadanos que se organicen para eliminar supuestos delincuentes, esa es una situación tan perseguible como cualquier otro grupo armado, ya sea de maras o pandillas, cualquier otra organización criminal si existen esos supuestos grupos ciudadanos que se han organizado y que se dediquen al terminar supuestos delincuentes es algo que debemos perseguir con la misma o si es posible más fuerza”. En 2016, la Policía capturó a un grupo, entre ellos agentes policiales que se dedicaban a exterminar a supuestos pandilleros, luego se dedicaron al sicariato, que algunas personas pagaban para dañar a terceros. “Estos grupos que han operado de esta manera en este momento están atravesando los procesos penales respectivos y particularmente en el caso del grupo que operaba en la zona norte de La Libertad, que estaba conformado por personas particulares y miembros de la Policía Nacional civil; seguramente van a ser condenados eso es lo importante de este tipo de investigación es porque en ese caso particular que era un grupo que se había organizado supuestamente para eliminar grupos de pandillas dentro de sus víctimas no todos son miembros de pandillas al final estás se vuelven organizaciones de sicariato”, explicó. En este tema, el ministro de Defensa Nacional, David Munguía Payes aclaró que en el tema de organización de comunidades para autodefensa el Gobierno está en desacuerdo, alegando que seguirán apoyando la organización comunitaria, pero desde grupos de limpieza social, que son grupos de autodefensa que colabora con las autoridades.
