Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
“Hemos intercalado a todas las pandillas en todos los penales de Máxima Seguridad y de Seguridad, rompiendo así con un hecho histórico. El control, orden y disciplina lo tendrá Centros Penales. Tampoco existen sectores exclusivos para maras o pandillas”, aseguró el viceministro de Justicia y Seguridad Pública y Director General de Centros Penales, Osiris Luna, que este fin de semana ordenó el traslado de 1,800 pandilleros recluidos en el sistema penitenciario. La medida fue tomada en el marco del plan Control Territorial, donde 900 pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS13) del centro penal de Ciudad Barrios fueron trasladados al centro penal de Quezaltepeque. De igual manera 900 internos de la pandilla 18 sureños y revolucionarios del penal de Quezaltepeque fueron llevados al Centro Penal de Ciudad Barrios.
Amarrados de las manos, uno a uno de los pandilleros fueron llevados hasta el transporte con la finalidad de ser llevados a un nuevo centro penitenciario. La medida de acuerdo a las autoridades pretende romper con la organización que tenían las pandillas, “en donde cada estructura se recluía en un determinado centro penal. Ahora están encarcelados sin importar su denominación”, detallaron las autoridades.
Y es con estas rotaciones que se hacen de forma constante se trasladan grupos de pandillas a regímenes más severos; a fin de evitar que los reos estén en su zona de comodidad dentro de las cárceles, se organicen y se giren órdenes hacia las calles.
Luna aseguró, con estos movimientos se están desmantelando las mafias instauradas supuestamente desde la tregua. “Estamos recuperando el control de las cárceles y evitando toda la comunicación al exterior”, dijo según fuentes oficiales.
No obstante, el control de las cárceles inició en el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, y así lo reconocen hasta organismos pro derechos humanos y la comunidad diplomática, incluida la de Estados Unidos.
Luna señaló que el objetivo es mantener incomunicados estos grupos criminales y romper las estructuras creadas en los interiores de los penales.
Por otro lado, también se informó sobre el traslado de 130 privadas de libertad de la pandilla 18 Revolucionarios del centro penal de Quezaltepeque al penal de Ilopango y se integraron miembros de diferentes estructuras en el complejo carcelario Izalco Fase 3.
Con estas acciones el gobierno asegura haber bajado los niveles de inseguridad de El Salvador, principalmente con la reducción de muertes violentas que ha llegado a un promedio de 3.8 diarios en el mes de agosto, lo que podría convertir este mes en el mes menos violento en los últimos cinco años.
Al anular la comunicación desde los recintos carcelarios al exterior, las requisas estratégicas y selectivas como también el rompimiento con centros exclusivos de miembros de una sola pandilla; se ha logrado tener un mejor control del sistema penitenciario hecho que a juicio de diversos sectores sociales ha permitido reducir la violencia en las calles, pese a que hay registros de diversos hechos, como ataques a elementos policiales y la ciudadanía en general, entre estos el ataque armado a un autobús del transporte colectivo en Comasagua, La Libertad.