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@guevara_tuiter
Licda. Norma Guevara de Ramirios
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América Latina a finales del siglo pasado inició un proceso de recuperación de vida democrática y a dejar atrás las dictaduras; con ello se llegó a creer que también habían quedado atrás los golpes de Estado que fueron una práctica asociada a las mismas; pero los hechos nos obligan a ver que los viejos expedientes de las derechas siempre están en sus escritorios para volver a ser usados. Lo hemos visto con intentos serios aunque fracasados en Ecuador, sovaldi sale Bolivia, discount Venezuela, Argentina, Honduras y Paraguay. ¿Cuántos otros intentos han quedado en el camino?
La intervención de los parlamentos y/o de los órganos superiores de justicia en la nueva era de los golpes de Estado se puso a la orden del día, tanto en Honduras como en Paraguay, esas intervenciones fueron decisivas para dar matices de “legalidad” del mismo modo que en el tiempo más brutal de las dictaduras militares eran utilizadas las elecciones. En Honduras se sacó del país en pijamas al Presidente, se presentó una falsa renuncia ante el parlamento; el golpe del 12 de abril de 2002 en Venezuela contra el Presidente Hugo Chávez en cambio, utilizó la fuerza militar, el ataque a los medios de comunicación estatal y la “energía” de la cámara empresarial (Fedecámara).
En nuestro país en el 2009 la derecha dejó sentada la base para la inestabilidad institucional justo cuando debía asumir un Presidente que no era de su partido, al inhabilitar a la Asamblea Legislativa para elegir a 5 Magistrados (as) que incluía forzosamente a la Presidencia del órgano judicial, la madurez y creatividad política permitió resolver ese escollo, realizar la elección aunque dejando fallas en el proceso, era casi imposible una solución, sin consentir elegir a quienes no eran parte de la lista de candidatos.
A lo largo de los casi cinco años de la administración del Presidente Mauricio Funes, varios momentos han sido críticos y se ha rumorado el interés de producir un golpe de Estado, se ha librado día con día la defensa de un gobierno surgido de la voluntad mayoritaria del pueblo y legitimado además por su enorme credibilidad y aprobación de su gestión como lo han reflejado decenas de investigación de la opinión pública y otras formas de expresión de esa aprobación a su presidencia y a su gobierno; sin embargo los intentos de usar tanto a la Asamblea Legislativa como a la Corte Suprema de Justicia en esas ideas trasnochadas y perversas no han estado ausentes, el más reciente intento es la difamación y calumnia queriendo involucrarle en un accidente de tránsito y asegurar que al momento del mismo estaba ebrio y que consume otras sustancias.
La intención de semejante calumnia es más que perversa y anti ética; es golpista, pues el efecto buscado es como fue dicho por la diputada Ana Vilma de Escobar y antes insinuado por el diputado Enrique Váldes cuando pidió introducir una pieza de correspondencia al pleno legislativo, solicitando que se conformara una comisión de cinco médicos que examinaran el estado de salud del Presidente Mauricio Funes. La diputada de Escobar, aseguró que el Presidente lleva una vida desordenada que es alcohólico y consume otras sustancias, que hay que examinar si está en condiciones de ejercer sus funciones como Presidente de la República.
Creen acaso que las y los diputados de la Asamblea Legislativa de nuestro país se prestarán para sustentar un “golpe” contra el Presidente Funes como lo hicieron en Honduras o en Paraguay? Personalmente estoy convencida de que la difamación y la calumnia de por sí son graves y dañinas para la vida de cualquier persona, pero en las acciones que se han pretendido impulsar por diputados de Arena y quienes les empujan a hacerlo, valoro como de mayor gravedad el objetivo último, la consecuencia de seguir ese camino, es golpista y cuando se trata de deponer a un Presidente electo inventando falsas razones, mintiendo cobardemente, así lo hagan con ramos de flores, chocolates o pijamas de seda, es un golpe y no hay en ese terreno “golpe suave”.
Más si estas acciones son seguidas de llamamientos a la Fuerza Armada de adversar a un partido político (al FMLN), a los jefes de la misma, a “ser garantes del sistema democrático y republicano, y de hacer prevalecer la voluntad popular”. Esto era el mandato constitucional de la Fuerza Armada antes de la reforma constitucional de 1991 derivada de los Acuerdos de Paz cuando no había Tribunal Electoral ni se había redefinido el rol de la Corte Suprema de Justicia.
Se impone que la ciudadanía advierta tan perversos propósitos, para defender nuestra democracia sin volver a la dictadura.
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