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Curiosamente los que se vendieron como los luchadores contra la corrupción y montaron su campaña por transparencia, hoy ponen el grito en el cielo y hacen lo imposible por evitar las investigaciones, y atacan a la Fiscalía General de la República. “No vamos ha hacer lo que han hecho los mismos de siempre”, ha sido, hasta ayer, el discurso propagandístico de quienes supuestamente están contra la corrupción, y hasta crearon una CICIES para demostrar que en este gobierno no habrá corrupción.
Pero del discurso a la práctica parece que hay un buen trecho, como se dice popularmente. Veamos algunos hechos.
La Asamblea Legislativa se opuso a aprobar un nuevo estado de emergencia para combatir la pandemia del COVID-19, porque las instancias pertinentes se negaron, en varias ocasiones, a presentar un informe detallado de lo gastado en la emergencia, y cuando decidieron entregarlo lo hicieron en un par de láminas, sin contenido, sin texto ni contexto, por lo tanto no era un informe como tal, y por eso fue rechazado por los diputados de la Asamblea Legislativa. Es más, los diputados denunciaron que recibieron un documento compuesto por tres hojas de papel que contenían capturas de pantalla enviado por el ministro de Obras Públicas, Romero Herrera, como informe de ejecución de recursos del hospital temporal que se construye en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).
Por cierto, este hospital iba a ser provisional para atender a los enfermos por covid, luego dijeron que era permanente y estaría listo en agosto pasado y aún no se ha construido y cuando se les pregunta cuándo estará listo no responden. Lo que sí se sabe es que costará más de cien millones de dólares. Cabe recordar que en el Gobierno del profesor Salvador Sánchez Cerén se obtuvo un préstamo de más 130 millones de dólares para construir tres hospitales. 70 de esos 130 millones eran para construir tres modernas torres del nuevo Hospital Rosales. La pregunta lógica es por qué, estando esos fondos, el presidente Nayib Bukele no se decidió por construir una de las tres torres del nuevo Hospital Rosales para atender la pandemia del covid, en vez de invertir 100 millones para un nuevo hospital, que fue producto de la improvisación porque, originalmente, y tal como se ha dicho antes, iba a ser un hospital temporal.
Hasta hoy, por cierto, no informan qué ha pasado con ese préstamo y cuándo comenzarán a construir las torres del Rosales.
En un estado de emergencia, el Ejecutivo puede hacer las compras directas, es decir, sin seguir los procedimientos largos que estipula la LACAP, pero eso no quiere decir que el Gobierno tiene libertad absoluta para comprar a los precios que los “amigos” le sugieran. Así salió a la luz pública que el expresidente del FONAES, Jorge Aguilar es el dueño de la empresa que vendió al Estado protectores faciales de plástico al gobierno por un monto de $250,000, aprovechándose de la amistad y de la facilidad que la emergencia supone para las compras.
La misma familia del ministro de salud, Francisco Alabí, ha sido señalada de vender a sobreprecios botas de hule al Gobierno. Y así una infinidad de denuncias contra funcionarios de este gobierno de muchas irregularidades que podrían caer en actos de corrupción.
Esto y otras informaciones llevaron a la Fiscalía a los allanamientos en los últimos tres días, con el agravante de que al segundo día, se utilizó a miembros de la Policía Nacional Civil para impedir el allanamiento, lo cual, por cierto, es un delito por parte de la policía, pues es una clara obstrucción a la justicia y, sobre todo, tratándose de la Fiscalía.
La respuesta del Gobierno ha sido que la Fiscalía General de la República ha hecho esos procedimientos por órdenes del partido ARENA y FMLN, como parte de la campaña electoral. Este argumento del Ejecutivo, además de falaz, es de lo más burdo que pueda utilizarse para desprestigiar la investigación en curso.
Y cuando la Fiscalía General de la República ha develado que la investigación tiene también sus fundamentos en informes recibidos por la CICIES, los funcionarios utilizan sus argumentos atenuantes, igual de burdos o absurdos.
El ministro de Salud, Francisco Alabí, dijo que el informe de la CICIES señala que «no hay errores de fondo en los procesos realizados por el MINSAL». Es decir, acepta que la CICIES ha encontrado “errores” en las compras del MINSAL, pero como no son de “fondo”, dice el ministro, entonces la Fiscalía no debe proceder.
Luego argumenta y califican como show el uso de la fuerza de los agentes fiscales, lo cual califican como un atropello. Pero se les olvida que ellos aplaudieron el uso de fuerza que utilizó la Fiscalía, con el acompañamiento de casi todos los medios de comunicación, cuando allanaron la residencia del expresidente Mauricio Funes, y fueron fotos de portada cuando la policía se llevaba un par de loros, los zapatos, la ropa y los juguetes del hijo del expresidente Funes, así como botellas de licor vacías, que hasta hoy son las principales evidencias de la supuesta corrupción de Funes.
La Fiscalía, entonces, ha procedido como lo hace siempre, por lo tanto no puede acusarse que su accionar en este caso sea parte de la campaña electoral a favor de un partido político alguno. Y si no ha habido corrupción, seguramente los funcionarios bajo sospechas saldrán bien librados, pero para ello hay que esperar a que se haga la investigación y no entorpecerla.
