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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
El abogado constitucionalista, Enrique Anaya, enfatizó que no hay estudios que se hayan hecho públicos diciendo que en El Salvador la minería metálica es viable, esto refleja que la aprobación de esa ley se ha hecho sobre “delirios”, de gente sin ningún estudio o preparación académica.
“Un matutino le pide a la Presidencia de la República que le entregue los estudios, que supuestamente ha mencionado Bukele sobre la minería metálica, y responde que no tiene ni un estudio, yo no he escuchado a nadie más que a Bukele y a todos sus voceros decir que en El Salvador sí es factible la minería, cuando todo el mundo está diciendo que no”, reiteró en el espacio Encuentro con Julio Villagrán.
Según Anaya, para emitir leyes y autorizar una actividad que afectará el medio ambiente, debe discutirse y analizarse después de contar con estudios contrastables y fundados, lo cual en El Salvador no existe.
Desde hace muchos años está reconocido por la jurisprudencia constitucional, el derecho al medio ambiente sano, y la aprobación de este tipo de actividades traerá afectaciones porque El Salvador no tiene las condiciones para llevar a cabo la minería.
Anaya hizo un llamado a que las organizaciones tanto de la sociedad civil como las comunitarias comiencen a prepararse, ya que la ley fue publicada puede solicitarse la inconstitucionalidad, aunque en El Salvador no existe Sala de lo Constitucional, que sirva para agotar la vía interna y local, así poder acudir a sedes internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo, cuando comience a verse algunos trabajos de explotación minera, a fin de solicitar la suspensión, como medida cautelar de esas actividades.
“La Corte Interamericana ya ha resuelto en al menos dos casos, uno contra Guatemala y otro contra Perú, señalando que cuando se tratan de actividades que puedan afectar a las comunidades, éstas tienen dos derechos, uno a recibir información objetiva, y, además, derecho a tener acceso a la información. Se ha señalado que las comunidades también tienen derecho a participar y ser escuchadas”, sostuvo.
A criterio del abogado, debido a que en la Ley de la Minería no se ha incluido el derecho de las comunidades a ser escuchadas y tener acceso a la información, esta ley es inconstitucional, y contraria al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en Nueva América.
El abogado constitucionalista se mostró en favor de la postura de la iglesia católica en no aceptar la minera en el país, porque de reconocerla sería estar en contra de la vida, en un país con alto estrés hídrico donde millones de personas no tienen acceso al agua potable, este tipo de actividades vendría a provocar un gran consumo de agua y sería una condena para la población.
El 12 de enero de 2025, La Prensa Gráfica publicó una nota donde señala que la Dirección de Evaluación y Cumplimiento Ambiental (DEC), la Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales (DOA) y la Dirección General de Seguridad Hídrica (DSH), declararon inexistentes los hallazgos relacionados a los distritos de oro en El Salvador y estudios de minería moderna y sostenible, que Nayib Bukele dijo poseer para reactivar la minería metálica en el país.
