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Es cierto, que la Ley de Amnistía que promulgó la derecha al finalizar la guerra civil con la firma del Acuerdo de Paz, el 16 de enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec, México, quitó la oportunidad a las víctimas no solo de conocer la verdad, sino también de la reparación de los daños.
La Ley de Amnistía fue declarada inconstitucional por la anterior Sala de lo Constitucional, pero ordenó a la Asamblea Legislativa que elaborara una ley de Restauración Nacional, y dio como plazo máximo el mes de julio próximo.
Es cierto que en la Asamblea no tomaron la resolución de la Sala con la premura del caso, pero hizo lo que debió hacer posteriormente: crear una comisión para analizar la resolución de la Sala y hacer las recomendaciones, a la Junta Directiva de la misma, para la elaboración del anteproyecto de ley.
Tenemos entendido que a la par del estudio de la comisión, los técnicos de la Asamblea Legislativa, realizaban lo propio para perfilar un borrador de proyecto de ley.
Ante el anuncio de la posibilidad de realizar y aprobar la Reconciliación, muchas voces han salido al paso en rechazo; aseguran que se trata de otra ley de amnistía, es decir, para favorecer a los responsables de crímenes de guerra y así oficializar una vez más la impunidad.
Sin lugar a dudas, el temor de que estemos ante una nueva ley de amnistía crea diversas reacciones. Unas atinadas y oportunas; otras, más bien promueven el odio.
Nos parece que la posición de las voces de las víctimas o quienes realmente representan a las víctimas, deben evitar todo tono de revanchismo e impulsar, tal como lo expresara el Arzobispo de San Salvador, el domingo pasado, monseñor José Luis Escobar Alas, no se trata de buscar venganza, sino que se sepa la verdad, que se imparta justicia transicional y restaurativa.
Asimismo, el Arzobispo es de la opinión que con la nueva ley, los responsables, incluso, no vayan a la cárcel, pero deben ser perdonados por las víctimas. Lo importante es que quienes merecen justicia, pidan justicia y no venganza.
