Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
En la evaluación de la “política de seguridad” del quinquenio del gobierno del presidente Nayib Bukele, las organizaciones Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” y el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), manifestaron que a la fecha sólo se trata de una sistemática acción que viola los derechos humanos de la población salvadoreña, por lo que manifiesta que “No hay seguridad sin derechos humanos”.
“Como sociedad salvadoreña es importante que aprendamos a diferenciar entre la millonaria propaganda gubernamental que nos quiere vender que estamos en el mejor país del mundo y todo está bien, cuando se ha pasado a la militarización de toda la sociedad”, explicó David Ortiz, abogado de Tutela Legal MJH .
“Esas capturas masivas y arbitrarias que han dado pie a desapariciones, torturas y asesinatos en la cárceles del país. Todo esto en el tema de seguridad de este gobierno constitucional que finaliza este próximo 31 de mayo, que luego, da paso a la primera dictadura del presente siglo en El Salvador”, añadió.
Tutela Legal MJH y MOVIR expresaron que en la evaluación de la “política de seguridad” del actual gobierno, desde el enfoque de derechos humanos el desempeño ha sido negativo.
Para ambas organizaciones, se está generando una vez más una nueva generación de víctimas del Estado salvadoreño, que históricamente se acumulan a la Matanza de 1932, la Masacre de El Mozote o El Sumpul y otros crímenes de Lesa Humanidad, que no han obtenido aún verdad, justicia y reparación.
“El tema de seguridad no sólo tiene que ver con homicidios, -me preguntó-, a dónde está la búsqueda de las personas desaparecidas en el país o las medidas y presupuestos para sancionar la violencia contra la mujeres y la persecución de los delitos patrimoniales, porque todos esos temas son materia de política de seguridad”, consideró Ortiz.
Ovidio Mauricio, director de Tutela Legal MJH, reiteró que el régimen de excepción implementado desde marzo de 2022 , junto al despilfarro de fondos públicos, la eliminación de la institucionalidad y el alza en los niveles de desempleo y hambre, sólo han contribuido a reprimir los derechos constitucionales de la población salvadoreña.
Porque el régimen de excepción atenta contra el principio de “presunción de inocencia”, también aprobaron leyes que garantizan que las personas sigan en las cárceles y condenadas sin existir pruebas concluyentes, que permite una “narrativa oficial de éxito” en el tema de la seguridad.
“El gobierno que sale el 31 de mayo ha sido un gobierno violador de derechos humanos igual o peor que los gobiernos durante la época del conflicto. Al menos en la época del conflicto hubo decretos de Estado de Sitio y Régimen de Excepción, pero no abusaron de esas figuras que la ley prevé”, expresó.
“Este gobierno ha abusado de forma arbitraria y aberrante con los derechos humanos de la población. Creo también que la acción de alinear a los otros dos poderes del Estado, atenta contra la democracia y en donde los jueces no son más que los verdugos del Ejecutivo, condenando a personas inocentes”, sostuvo Mauricio.
D.H. no están en la agenda de gobierno
“El tema de los derechos humanos en este gobierno y la actual Asamblea Legislativa ha quedado de lado e ignorado”, advirtió en su evaluación, Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal MJH, al descartar que funcione la institucionalidad que da protección a la población de agresiones del Estado salvadoreño.
“El objetivo de esta denuncia y evaluación es también un llamado a la Comunidad Internacional, a que responda de forma contundente, adecuada y coordinada, para que se respeten esos requerimientos que hemos venido realizando desde hace años y especialmente con el régimen de excepción”, manifestó.
“Por la desproporción de las acciones de la supuesta -política de seguridad-, se ha forzado a generar violaciones a derechos humanos, que esperaríamos el gobierno retroceda y atienda no sólo nuestro llamado, sino también, el de la Comunidad Internacional, la ONU, la CIDH y otro organismos de derechos humanos”, reiteró.
Asimismo, realizaron un llamado a la Corte Penal Internacional (CPI) , para que de oficio investigue y verifique, según el contenido del “Estatuto de Roma” que da vida a la CPI, que en el país se han configurado hechos o acciones sistemáticas en contra de la población.
“Hay denuncias y registros que generan crímenes de Lesa Humanidad, reflejados en los casos de torturas, desapariciones forzadas y asesinatos en manos del Estado, que son hechos que se han venido denunciando”, alegó.
“Si el Estado salvadoreño no atiende estos requerimientos, pues debe tener una investigación (ante la CPI), un procedimiento contundente, así como se ha hecho en otros países por genocidios y asesinatos de la población civil”, enfatizó Díaz.
MOVIR la población debe organizarse para defender sus derechos
Samuel Ramírez, dirigente del Movimiento de Víctimas por el Régimen de Excepción (MOVIR), manifestó que la organización nació el 16 de agosto de 2022, producto de continuas violaciones a derechos humanos que produjo la implementación del régimen de excepción que lleva 27 meses de vigencia.
“Estos últimos cinco años creo que han sido perdidos, porque no hay una obra que beneficie a la población salvadoreña.Todo ha sido una estrategia de fortalecer a una persona, ansiosa de poder y ahora ya garantizado va para un segundo período y esa es la única lucha de este gobierno”, consideró.
“Han despojado a las alcaldías del FODES, han dejado sin presupuesto a Educación para fortalecer a la Fuerza Armada (FAES), y también a Salud y faltan más medicamentos, entonces, no hay nada para el pueblo”, reiteró Ramírez.
De igual forma, denunció un manejo no transparente con entidades como INSAFORP, que tenía a cargo la formación laboral de miles de jóvenes con cursos gratis. Y la negativa de entregar en su totalidad el presupuesto a la Universidad de El Salvador (UES), ni su descentralización al interior del país, que sería una “medida de prevención de violencia” entre los jóvenes, al generar acceso a la educación superior.
Ahora, en cambio tenemos acoso militar a los estudiantes en las escuelas públicas, y el régimen sustituye el trabajo de las direcciones departamentales de educación y, a los mismos maestros, consideró. “Hacemos un llamado al pueblo salvadoreño a organizarse y prepararse para todo lo que viene en este nuevo período. Reconozco a MOVIR, por su movilización producto de ese descontento que se está formando en el país. Y otros movimientos que se han creado por el despojo de tierras, por el alto costo de la vida y el desempleo. El pueblo debe comprender que lo que viene no es fácil y lo único que queda es denunciar y luchar en la calle”, puntualizó Ramírez.