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José Acosta
En el año 2002 la corporación canadiense Pacific Rim se registró en El Salvador, invitada por el gobierno de ARENA, para explotar el potencial del país en cuanto a oro y plata. Desde el inicio en sus exploraciones, la minera identificó al menos 25 sitios propicios para la extracción de oro, uno de estos es el lugar conocido como El Dorado, en Cabañas. En Diciembre de 2004 la empresa solicitó el permiso de explotación de la mina El Dorado, el gobierno negó el permiso por inconsistencias en el estudio de impacto ambiental y porque la empresa no contaba con la autorización de los propietarios de las tierras en donde se realizaría la explotación del oro y la plata.
Ante la negativa del gobierno, en julio de 2008 Pacific Rim inicia una demanda contra el Estado salvadoreño, en El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. Pacific Rim pedía que el Estado salvadoreño le pagara $77 millones de dólares, por el monto invertido antes de que se le negara la autorización de explotación, más tarde esta exigencia fue incrementada a $301 millones y finalmente se redujo a $ 250 millones. A finales de 2013 Pacific Rim se declaró en quiebra y vendió sus acciones a la transnacional Australiana Oceana Gold, quien continuó el proceso de demanda.
Después de un largo litigio, el 14 de octubre de 2016, el tribunal internacional falló a favor del Estado salvadoreño y en contra de la empresa minera. El veredicto también determinó que la empresa deberá indemnizar con 8 millones de dólares al gobierno salvadoreño para cubrir los costos procesales del litigio.
A raíz de este fallo, se ha avivado el debate por la prohibición de la minería metálica en el país, lo cual es respaldado por la mayoría de la población pues en una encuesta de opinión realizada por la UCA, en junio de 2015, el 76% de la población está en contra de la apertura de proyectos mineros; no obstante se tiene gran presión de empresas transnacionales para iniciar proyectos de extracción de oro y plata, ya que según las exploraciones realizada por la empresa Pacific Rim, sólo en el sitio de El Dorado existe 1.2 millones de onzas de oro de alta pureza y más de 7.5 millones de onzas de plata. Lo cual provoca una ambición excesiva.
Esta riqueza en oro y plata no beneficia al país y menos a las comunidades locales, por el contrario, si se permite su explotación los daños serían espantosos. La experiencia en países vecinos como Guatemala y Honduras demuestra lo dañina que es la industria minera, especialmente en el recurso hídrico. Según una publicación de la UCA, la mina Marlín en Guatemala utiliza unos 6 millones de litros de agua por día, las comunidades que viven cerca reportan 40 pozos comunales secos en los ocho años de operaciones de la mina; así mismo en la región Valle de Siria en Honduras la mina San Martín en nueve años de operaciones ha secado 19 de los 23 ríos originales de la zona.
Estas afectaciones podrían ser peores en El Salvador, por la fragilidad de sus ecosistemas y por la densidad poblacional cercana a los 300 habitantes por kilómetro cuadrado, en estas circunstancias los derechos humanos de la población serían gravemente afectados. Al respecto la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en un comunicado reciente expresó que: “los efectos nocivos de la actividad minera constituyen graves violaciones a los derechos humanos de la población; entre estos al derecho a la vida, a la salud, al agua y a la alimentación. La preocupación persiste porque aún concurre el interés de la industria minera de desarrollar sus proyectos en el país y no se cuenta con una legislación ni mecanismos institucionales que garanticen la protección del medio ambiente ante la actividad minera” El interés de la industria minera al que hace referencia la PDDH se manifiesta en una serie de acciones que lleva a cabo la empresa Oceana Gold en el territorio de Cabañas, las cuales el Movimiento de Víctimas y Afectados por e Cambio Climático y las Corporaciones, MOVIAC ha denunciado en reiteradas veces, por ejemplo en una carta entregada a la Asamblea Legislativa el 24 de noviembre de 2016, el MOVIAC expone: “Conocemos que en todos los países empobrecidos del mundo, las transnacionales mineras emplean las mismas estrategias: división de las comunidades, asesinato de ambientalistas, compra de funcionarios corruptos y campañas mediáticas mentirosas como lo son las promesas de generación de empleo y de desarrollo social. La verdad es que la minería no genera más empleo que el que destruye, donde hay minería no hay agricultura, no hay ganadería, no hay turismo, no hay salud, no hay comunidades pacíficas ni libres”. Por todas estas razones es urgente que la Asamblea Legislativa apruebe una ley que prohíba definitivamente la minería metálica en El Salvador.
