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La Iglesia católica, a través de su Arzobispo José Luis Escobar Alas, ha anunciado que acompañará a la Universidad José Simeón Cañas (UCA), en una propuesta de Ley General de Aguas, que garantice el acceso de todos, en tanto bien público.
Y es de público conocimiento que en la Asamblea Legislativa, los diputados de la derecha liderados por el partido ARENA, han engavetado una propuesta de ley del agua, tras recibir otro anteproyecto de ley que le da potestades al sector privado para que se convierta en parte fundamental del ente rector del agua, incluso, sobre la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
También, de todos es conocido que ha sido un interés histórico del sector privado y ARENA el privatizar el agua; en su lógica, las empresas rentables no deben estar en manos del Estado, sino en las del sector privado.
Cuando privatizaron varias empresas estatales, al llegar el primer Gobierno de ARENA, siempre estuvo en sus propósitos privatizadores el agua y la salud. Este último fue descartado finalmente, gracias a las famosas “Marchas Blancas” que evitaron que eso ocurriera,
En el tema del agua, la privatización pretenden hacerla en la conformación del ente rector, que prácticamente queda bajo la potestad del sector privado.
Pese a que el agua es un bien público, por ende una mercancía, los diputados de la derecha, encabezados por ARENA, quieren reducir a su mínima expresión la presencia del sector público en el ente administrativo y, por lo tanto, regulador. En cambio le dan la mayoría participativa al sector privado.
La ley del agua y su ente rector deben tener una lógica pública, por eso la entidad gestora debe ser pública, y si hay representación privada, que no debería, que esta sea mínima.
De ahí que aplaudamos la decisión de la UCA y del Arzobispado de San Salvador, de presentar, esta semana, una nueva propuesta de ley del agua a la Asamblea Legislativa, para la regulación pública del agua con participación ciudadana.
Esta nueva propuesta, ha dicho la Iglesia, tiene la virtud de haber sido consensuada con la mayoría de las entidades que abogan por una Ley General de Aguas en el país y con muchos sectores de la sociedad.
Esperamos, en primer lugar, que el nuevo proyecto de ley elimine de una vez por todas las esperanzas privatizadoras de la derecha legislativa y empresarial, y, en segundo lugar, que los diputados de derecha atiendan la petición de la Iglesia, la academia, y del pueblo en general que clama por un bien público. Así sea.
