Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Alma Vilches
@AlmaCoLatino
El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Guillermo Wellman aclaró que la institución no tiene mayor injerencia en la deuda política; sino que el encargado es el Ministerio de Hacienda, esta es una obligación legal y derecho de los partidos, establecido en el artículo 210 de la Constitución de la República y quien no obedece dicha disposición está incumpliendo la ley.
Asimismo, reiteró que desde el artículo 52 hasta el 55 en la Ley de Partidos Políticos establecen la forma de calcular y los requisitos para el pago del financiamiento, dado por el Gobierno a los institutos políticos para su uso en la campaña electoral; sin embargo, hasta el momento la cartera de Hacienda no ha entregado a ningún partido el anticipo de dinero correspondiente al 70 % de los votos obtenidos en la elección anterior, del mismo tipo en la que haya participado.
Recientemente el encargado de las arcas del Estado, Alejandro Zelaya enfatizó que pagar el anticipo del financiamiento público a los partidos no es prioridad, ya que él no se debe a los institutos políticos y su administración está priorizando el gasto en las necesidades de la población, debido a la crisis generada por la pandemia de la COVID-19.
El magistrado Wellman detalló que para 2018 el valor del voto de diputados fue de $2.82 y alcaldes $2.11, mientras que, en las elecciones presidenciales de 2019, Hacienda fijó en $5.27 el valor de cada sufragio, “como la elección es de alcaldes y diputados, para el anticipo de la deuda política privaría el valor del voto fijado en 2018, pero si no lo hacen van a incumplir la ley”, reiteró.
Casos de campaña
Además, informó que el Tribunal inició más de 56 casos de oficio por campaña anticipada y hay otro número de procesos, los cuales fueron denunciados, esta semana comenzarán con las audiencias, pues todos los partidos políticos, igual que los funcionarios del Gobierno están infringiendo la ley, aún no es permitido que los candidatos a alcalde estén en campaña, para ellos la fecha establecida es a partir del 27 de enero.
“Veo la campaña negativa que están haciendo desde la Presidencia de la República, pido actuar apegados al estado de derecho, prácticamente quien esta haciendo campaña política en el país es la Presidencia, porque en todos los canales de televisión son los únicos que tienen dinero para transmitir spots; la elección lleva tres conteos, el voto entero, fraccionado y preferente, pero la campaña que ellos promueven es el voto por bandera. El presidente de la República debe ser consecuente con su magistratura y permitir que las elecciones se desarrollen de la mejor manera, vivamos realmente un proceso democrático, esto no es atacar a los partidos o al Gobierno, solo pedimos un poquito de comprensión y que se contengan”, señaló el funcionario.
Sostuvo que de acuerdo a la ley los aspirantes a diputados deben hacer una campaña decente, sin insultos, respetuosa de principios cívicos y morales, no se vale la propaganda sucia, negativa y estar denigrando a un candidato, aunque prácticamente este año la campaña se esta desarrollando a través de entrevistas y redes sociales, que por el momento es la mejor forma para evitar y prevenir el contagio del COVID-19.
“La campaña en alguna medida no es tan agobiante como en otras ocasiones, afortunadamente ahora ya no hay pinta y pega, a la población hay que llegarle con propuestas reales, ya la sentencia de la Sala ha declarado que el uso de las redes sociales es un espacio público y se puede hacer campaña a través de este medio, pero no se ha iniciado la propaganda para alcaldes y concejos municipales y ellos se han anticipado”, externó. A la vez, manifestó que el TSE tratará de contar con la mayor cantidad de observadores, a fin de que el proceso a desarrollar sea creíble para todo el mundo y algunos dirigentes dejen de estar pregonando que habrá fraude; desde los Acuerdos de Paz y fundación del Tribunal han pasado 29 elecciones, donde la Unión Europea señaló que en este país nunca se ha hecho fraude y existe madurez política por parte de los funcionarios electorales.
