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Carlos Flores
Ambientalista, miembro de Ecos El Salvador y el Foro del Agua.
Se conoce como injusticia hídrica a todos los procesos y mecanismos legales, institucionales, comunicacionales y políticos que desarrolla el sistema político y social que facilitan, permiten, potencian o simplemente ignoran y normalizan la privatización, el robo y el despojo del agua a comunidades empobrecidas por personas, empresas o grupos económicos que ejercen el poder.
Nos referimos a los vacíos y la falta de leyes en el sistema jurídico nacional orientadas a proteger, garantizar y cumplir con la sustentabilidad de los ecosistemas y el derecho humano al agua de la población, a más de 15 años de empantanamiento en el debate y aprobación de la Ley General de Aguas y la Reforma Constitucional por el Derecho Humano al Agua. A la debilidad (falta de recursos materiales, técnicos y financieros) que causa inacción en las instituciones públicas obligadas a ejercer el control y regulación de nuestros bienes, así como a los espacios para la arbitrariedad de los funcionarios responsables. A los enfoques de la comunicación económica, social y política en que se prioriza el enfoque de desarrollo, culpabilizando a las víctimas y normalizando la injusticia; en fin, al ejercicio del poder para el uso, control y contaminación del agua.
La privatización murió, luchemos contra la injusticia hídrica, detengamos el robo y despojo del agua
En la década de los noventa se pusieron muy de moda las privatizaciones: bancos, hoteles, telecomunicaciones, distribución de la electricidad, pensiones e incluso los intentos de privatización de la salud y el agua. En el caso del agua, los intentos los vimos en 2001 con la aprobación del préstamo del BID (Referencia 1102-OC/ES), en 2013 con la propuesta de Ley de los Regantes (ARENA y ANEP), luego en 2017 y 18 con la propuesta de Ley Integral del Agua (ANEP y la derecha legislativa). La lucha del pueblo detuvo los intentos privatizadores de la oligarquía, lamentablemente el agua sigue contaminada, los ríos siguen secos, las montañas siguen siendo deforestadas y la gente pobre en el AMSS y las grandes ciudades sigue sufriendo la sed; es decir, detuvimos la privatización, pero hasta el día de hoy nos siguen robando despojando del agua.
En resumidas cuentas, por abundancia o por falta de leyes, por debilidad o por falta de instituciones, por negligencia, prepotencia o abuso de autoridad de funcionarios, las personas, empresas o grupos oligárquicos usan, controlan y contaminan el agua a su antojo en los diversos territorios del país, condenando a miles de personas a sufrir, enfermar o morir por la sed.
Ejemplos de este comportamiento lo encontramos por doquier, entre los casos más abusivos podemos señalar: comunidades que habitan a lo largo de la zona costera del país son permanentemente afectadas por el uso abusivo del agua que hace la agroindustria azucarera, que da como resultado la cifra record de más de 15,000 nuevos padecimientos anuales de enfermedad renal crónica e insuficiencia renal crónica; comunidades empobrecidas de Soyapango, Ilopango, San Martín, Tonacatepeque y San Marcos sin abastecimiento de agua potable durante la cuarentena domiciliar por COVID 19, mientras las autoridades de ANDA continúan negociando nuestra agua mediante acuerdos oscuros con empresas urbanizadoras de familias oligárquicas del país, como es el caso de FIHIIDRO, el Convenio ANDA–Grupo Roble o el mismo Convenio ANDA–Dueñas, con el que se le ha concesionado ilegalmente más de 20 millones de litros de agua esta familia oligárquica para que construya y abastezca el proyecto urbanístico Ciudad Valle El Ángel.
Afectaciones a los ecosistemas, la salud, la economía de cientos de comunidades que habitan a lo largo de la ribera del río lempa, principalmente en el embalse del Cerrón Grande o Lago Suchitlán por los efectos de la contaminación con las aguas residuales urbanas del AMSS depositadas en su cauce sin tratamiento por el río Acelhuate; la impunidad ambiental en el caso de la exfábrica de Baterías Record que aún continúa afectando la salud y la vida de las comunidades de Sitio El Niño y aledañas; entre muchas otras injusticias.
La privatización del agua murió, dejémosla descansar en paz, concentremos nuestra energía y saberes para luchar contra los diversos mecanismos de robo y despojo, luchemos contra la injusticia hídrica en El Salvador.
