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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Con la asistencia de más de dos mil personas, la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua marchó por las calles de San Salvador, para enviar un mensaje contundente de unidad social, contra cualquier intento de despojo del recurso hídrico de la población salvadoreña.
“El pueblo no les va a permitir privatizar el agua. Les avisamos no van a poder hacerla una mercancía, porque la Ley General de Agua, que hemos presentado con anterioridad, es completa e integral. Nosotros hablamos hasta del rescate de la microcuenca, nuestra propuesta no es solo, quién usa el agua, sino su recarga y su cuido para mantenerla”, declaró Margarita Posada, del Foro Nacional de Salud. Han pasado doce años, desde que las organizaciones ambientalistas, de salud, de derechos humanos, universidades e iglesias históricas, propusieran diversos anteproyectos para una Ley General de Aguas Integral. Que por ahora, continúa en un limbo de contradicciones en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa.
La disyuntiva creció luego, que la nueva presidenta de la comisión Martha Evelyn Batres, junto a los partidos GANA, PDC y PCN, presentaran el 5 de junio de 2018, en que se celebra el “Día Mundial del Medio Ambiente”, desechó de la mesa de discusión la propuesta presentada por las organizaciones sociales y abanderó un nuevo proyecto preparado de las gremiales empresariales.
Karen Ramírez, del Foro de El Agua, El Salvador, señaló que a lo largo de la historia de país, la gestión del agua ha sido la más inequitativa, al reafirmar que la población de menores recursos económicos de la zona rural pagan costos más elevados por tarifa, que el área urbana. “En San Salvador se paga entre 0.23 a 0.45 centavos de dólar, por metro cúbico de agua, y en el Oriente del país, la gente paga hasta dos dólares por un barril, o sea, 10 dólares, por el metro cúbico de agua. La gestión del agua en El Salvador, es la más desigual, cómo puede ser que las empresas extraigan agua, a 0.10 centavos el metro cúbico. La gente tiene que conocer que tenemos un sistema perverso e injusto, y la ANEP, (en la autoridad del agua) es el conflicto de interés en la Ley General de Aguas, por qué, para ellos es materia prima, mercancía, de lo cual ellos sacarán lucro y esto es un modelo privatizador”, sostuvo Ramírez.
Sobre la gestión sustentable de las cuencas hidrográficas, las organizaciones reiteraron el llamado a replantear planes y proyectos que conserven los escosistemas que se constituyen en los captadores o reservorios del recurso hídrico nacional.
Bernardo Belloso, presidente de CRIPDES, fue crítico de la tardanza en la comisión legislativa de medio ambiente con el anteproyecto de agua. Y advirtió, que como moviento social y ambiental, no es punto negociable que la ANEP u otras, gremiales empresariales integren la Autoridad del Agua.
“Este es un rechazo contundente que estamos haciendo como organizaciones y comunidades, también pedimos a las fórmulas presidenciales que van a la contienda electoral, queremos que se pronuncien públicamente en donde manifiesten su compromiso de no privatizar el recurso hídrico, pero queremos que lo hagan frente al pueblo salvadoreño”, manifestó.
Asimismo, advirtió, que van exigir que se estudie de una vez, la ley de gestión de riesgo, ley de prohibición de agrotóxicos y que no intenten derogar o reformar la Ley de Prohibición de Minería Metálica. Que forman parte de las demandas del moviento social.
“Queremos que las nuevas autoridades se compromentan en acompañar al pueblo, para crear todas estas políticas públicas que eviten la privatización de los recursos naturales. Tenemos al señor (Carlos) Callejas que habla de un consorcio, gobierno y empresa privada, entonces que no nos vengan a decir, que la empresa privada no está interesada en el agua, cuando sabemos que diputados que responden a intereses empresariales se alinean a las peticiones de estos grupos de poder, entonces, no podemos pensar que aprobaran leyes que favorecen a la población”, puntualizó.
