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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La indiferencia para las víctimas proveniente de gobiernos anteriores y el actual es una deuda histórica que perpetúa la discriminación y la desigualdad en el acceso a la justicia en el país, consideró Miguel Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES).
“¿Que si ha habido avances en materia de derechos humanos?, puedo decir que han sido pocos en materia de reparación a las víctimas. Desde la firma de la Paz (1992) que dio un respiro se vino la Ley de Amnistía, 3 días después de presentar el Informe de la Comisión de la Verdad, que documentó varios Crímenes de Lesa Humanidad, a fin de proteger a los victimarios”, reseñó.
“Eso fue un retroceso y es hasta el 2016 cuando la Sala de lo Constitucional la deroga por inconstitucional, eso fue un avance y que las organizaciones lo aplaudimos y pensando que habría una apertura a la investigación de los casos del Informe de la Comisión de la Verdad, pero hay un estancamiento, eso es un retroceso y así están las cosas”, sostuvo Montengro.
En el marco del 45 aniversario de fundación de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) se rememoró los compañeros y compañeras que lucharon por los derechos de justicia, igualdad y el respeto de los derechos colectivos de la población salvadoreña.
Para Montenegro, la falta de una Ley de Justicia Transicional, así como de reparación, está solamente contribuyendo a crear piezas de insatisfacción social, que solo reflejan el contexto del conflicto armado de los años ochenta.
“Vamos al cuarto año del gobierno de Nayib Bukele y al segundo período legislativo y no hay ningún interés de aprobar estas leyes para dar reparación a las víctimas y que las organizaciones por años hemos venido solicitando, pero al contrario nos han ignorado y burlado de estos esfuerzos que realizamos junto a las víctimas”, manifestó.
“Hay algo muy importante y el pueblo debe estar atento, creo que no podemos dormirnos con algunos tipos de actividades que tienen un enfoque de propaganda inaugurando obras millonarias y al final el pueblo se da cuenta que seguimos sufriendo en miseria, no hay empleo, salud adecuada o educación integral”, resaltó Montenegro.
En cuanto al impacto del régimen de excepción y la población más vulnerable, Montenegro explicó que en un “país democrático no debería tener un régimen de esta naturaleza”, que se ha manifestado en familias rotas por capturas arbitrarias y que ha producido en los 12 meses de permanencia alrededor de un centenar de personas inocentes que sufrieron maltrato, tortura y murieron en manos del Estado.
“Esto es muy grave ante la Comunidad Internacional, que es democrática, y tampoco puede aceptarse la utilización de la Fuerza Armada (FAES), así como la Policía Nacional Civil (PNC) en esto, despertemos estamos corriendo hacia el escenario de los años ochenta y es un riesgo latente”, consideró
“¿Será una solución encarcelar a una buena cantidad de salvadoreños y salvadoreñas, sin una política de readaptación?, también preferir un discurso de aniquilación directa a estas personas -creo que en un país democrático no puede pensar de esa manera. Y tampoco podemos tener un vocabulario y educar a la población a aplaudir este tipo de discurso”, reiteró Montenegro.
Igualmente, reprochó el papel de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) surgida de la firma de los Acuerdos de Paz, cuyo mandato es la defensa y fiscalización del Estado ante cualquier abuso contra la población salvadoreña.
“¿Qué ha pasado con la PDDH?, no está jugando para nada su papel encomendado por la Constitución de la República, así como otras instituciones que atestiguamos están dejando mucho que desear estamos en una situación difícil”, añadió.
