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Redacción Nacionales
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“No se le puede acusar a una persona de asociaciones ilícitas por una denuncia anónima”, comentó la jefa de anticorrupción y justicia de Fundación Cristosal, Ruth Eleonora López, al recordar la situación que viven los salvadoreños bajo el Régimen de Excepción, el cual ha sido el instrumento para violar los derechos humanos de centenares de ciudadanos que no están ligados a grupos delincuenciales. Justamente, la semana pasada las organizaciones presentaron un informe con fecha de cierre de julio, donde expresan que van 3,186 casos por detenciones arbitrarias en el Régimen de Excepción. “Solo CRISTOSAL lleva el registro de 75 casos de personas que han fallecido durante el Régimen de Excepción y 2,588 denuncias de vulneración de derechos humanos, es evidente el daño que las pandillas han causado a la población”, comentó López en una entrevista matutina este lunes.
El gobierno implementó el Régimen de Excepción para presuntamente combatir a las pandillas, pues hubo un repunte de los homicidios en el país. Sin embargo, se ha convertido en un instrumento para capturar arbitrariamente y suspender derechos fundamentales de las personas.
“Una cosa es la suspensión de derechos que podría ser temporal bajo una justificación y causales establecidos en la Constitución y otra cosa es tomar la excepcionalidad como la normalidad”, destacó López, pues el país lleva más de 5 meses bajo ese estado.
López sostuvo que el desplazamiento forzado se da porque las pandillas sacan a las familias de su lugar de residencia, “ese fenómeno no se ha terminado con el Régimen de Excepción”. A esto se le suma, la violencia de Estado, que surge a través de las fuerzas de seguridad cuando violentan los derechos humanos de la población.
Para Ruth López, el Régimen de Excepción es “inconstitucional”. Además, se debe combatir a las pandillas, sin esta herramienta estatal. Es decir, construir políticas públicas enfocadas en el tema de seguridad que respondan a la ciudadanía. El Gobierno por su parte ha implementado el fuertemente publicitado Plan Control Territorial, el cual presuntamente bajó el número de homicidios. Sin embargo, investigaciones periodísticas revelaron que la disminución de homicidios se dio debido a un pacto que hubo entre las pandillas y el Gobierno.
Los capturados en Régimen de Excepción ascienden a 50 mil, entre ellos, centenares de inocentes.
