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@arpassv
Representantes de organizaciones ciudadanas, ask académicas y de medios comunitarios presentaron ayer una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 213, treatment mediante el cual se eligió como Fiscal General de la República al Abogado Luis Antonio Martínez González.
La demanda sostiene que el referido Decreto –aprobado el 4 de diciembre de 2012– violenta disposiciones de los Artículos 131 y 192 relacionado con el 177 de la Constitución de la República, store porque la Asamblea Legislativa no garantizó el cumplimiento de los requisitos de idoneidad, moralidad notoria e independencia de Luis Martínez antes de nombrarlo Fiscal General.
Los demandantes argumentan que no consta en el Decreto ni en el dictamen de la Comisión Política que se haya realizado un procedimiento adecuado de verificación del perfil requerido para ser Magistrado o Fiscal General.
Esta falta de comprobación de requisitos –afirman los demandantes– ahora se constata con el desempeño deficiente, negligente y poco independiente del Fiscal Martínez en casos como el del ex presidente Francisco Flores, quien está procesado por el manejo irregular de millonarios donativos de Taiwán.
En este caso, el Fiscal no incorpora importantes pruebas al expediente y no realiza diligencias necesarias para fortalecer la querella penal, especialmente se niega a incorporar en la acusación el lavado de dinero, delito que permitiría ampliar las investigaciones para identificar a los “destinatarios” de los fondos que eran para los afectados por los terremotos del 2001.
El Fiscal Martínez también tiene conflictos de interés en casos como el juicio por presunta estafa y administración fraudulenta contra el empresario Enrique Rais, a quien la Fiscalía investigaba y al mismo tiempo Martínez usaba sus aviones privados.
El Fiscal tampoco quiere investigar irregularidades cometidas en la asignación de concesiones del espectro radioeléctrico y no avanza en la investigación contra prominentes empresarios, políticos y presentadores de televisión presuntamente involucrados en trata de menores y prostitución infantil.
Entre otros casos, Martínez tampoco investiga al presunto “descuartizador” Rodrigo Chávez Palacios como posible autor intelectual de crímenes contra ambientalistas en Cabañas.
Chávez Palacios –procesado por desmembrar a una persona y esparcir sus restos por diversos puntos de San Salvador– era vicepresidente de la empresa canadiense Pacific Rim en 2009 cuando fueron brutalmente asesinados los activistas anti-mineros Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera.
Entre los pendientes del Fiscal Martínez figuran también los más de 150 casos de corrupción presentados por la ex Subsecretaría de Transparencia de la Presidencia.
