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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Por segunda semana consecutiva, Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, anunció más medidas de austeridad acordadas por consenso en la sesión de trabajo de la Junta Directiva de ese órgano de Estado. Las nuevas disposiciones están encaminadas a reducir un déficit de más de $1.9 millones para el funcionamiento del congreso.
Quijano detalló varios rubros que se reducirán hasta en un 50%, entre los cuales se encuentran: asignación de presupuesto para telefonía que en el ejercicio fiscal 2018 es de $214 mil, el cual se reducirá a $100 mil, esto conllevará la reducción de líneas telefónicas y de radio. Otro rubro que experimentará recorte es el presupuesto destinado a atención de actividades de carácter oficial, un fondo de $90 mil que se disminuirá a la mitad.
“En cuanto al contrato de telefonía, giramos instrucciones a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales para que haga la negociación respectiva con las empresas proveedoras en la búsqueda de que el monto del mismo disminuya”, expuso el parlamentario.
En cuanto a la supresión de plazas anunciada la semana pasada, Quijano indicó que el tema sigue su rumbo respetando el debido proceso, ya que la Ley del Servicio Civil establece un plazo de quince días luego de su aprobación para entrar en vigencia.
En cuanto a los recortes presupuestarios, el presidente del primer órgano del Estado dijo que hay al menos tres asignaciones presupuestarias que se pueden disminuir, entre estas una de $420 mil, la cual revisará en la próxima sesión de la Junta Directiva.
En otro tema, el diputado presidente informó que la Comisión Política cumplió con su instalación como estaba previsto, en este sentido expuso que junto a él, que por reglamento interior del congreso presidirá ese grupo de trabajo, en el que estarán Antonio Almendáriz, del PCN, como secretario, y Nidia Díaz, del FMLN, como relatora.
Esta comisión será la encargada de elegir a los magistrados que integrarán la Corte Suprema de Justicia y sus diferentes salas. Quijano explicó que si bien la lista de los treinta candidatos ya ingresó al primer órgano del Estado, aún no puede ser revisada dentro de ese grupo de trabajo debido a que primero tiene que ingresar al pleno y este debe mandarla a la comisión.
“Si bien la Comisión Política ya ingresó el dictamen, por disposiciones legales no se puede proceder a la indagación de los 30 expedientes de profesionales mientras el pleno legislativo no lo envíe para poder comenzar las deliberaciones”, explicó el legislador.
