San Salvador/AFP
Carlos Mario Márquqez
Con 13.129 homicidios registrados en la zona el año pasado, Guatemala, El Salvador y Honduras lograron reducir sus índices de violencia con sus planes de seguridad, pero se mantuvieron como una de las regiones sin guerra más violentas del mundo.
Los tres países sufren la violencia provocada por el narcotráfico y las pandillas dedicadas a la extorsión y el sicariato, los principales causantes de sus elevados niveles de homicidios.
Al cierre de 2017, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala reportó 5.384 muertes violentas, una reducción de 0,8% en comparación al año precedente y menor al descenso anual de entre 1,5% y 2% que venía registrando desde 2010.
El Salvador acumuló de su lado 3.954 homicidios, 25% menos que en 2016; y Honduras sumó 3.791 asesinatos, 26,4% menos que el año anterior, según estadísticas policiales de cada país.
En 2016, el Triángulo Norte había sumado 15.889 homicidios, distribuidos casi igualmente entre los tres.
Pese a las reducciones, están aún muy por encima del promedio mundial de 5,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos de 2015 del Banco Mundial.
Guatemala registró el año pasado 32 homicidios por cada 100.000 habitantes, El Salvador 60, y Honduras 42,7. La Organización Mundial para la Salud (OMS) considera que más de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes implica una epidemia de violencia.
«Reflejo de una crisis social»
La menor reducción del índice en Guatemala «no la estamos viendo como un éxito, sino como un fracaso, porque no se mantuvo la tendencia con la cual el país hubiese bajado de 30 homicidios por cada 100.000 habitantes», declaró a la AFP Mario Polanco, director de la ONG Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).
Además, «las políticas (en el país) son pocas y no se renuevan, no se están evaluando de manera constante lo que provoca un acomodamiento en las fuerzas de seguridad que es aprovechado por los delincuentes», reflexionó Polanco.
En el caso de El Salvador, la reducción «es un aspecto positivo del plan El Salvador Seguro que dio un enfoque distinto a la violencia», según el especialista Héctor Carrillo.
Coordinador del programa de seguridad de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Carrillo considera que la reducción sensible de homicidios en ese país es el resultado de aumentar la presencia de la policía y el ejército en los municipios con mayores índices de violencia.
El Salvador mantuvo por segundo año consecutivo medidas «extraordinarias» de seguridad, que incluyeron severas restricciones en los presidios para cortar la comunicación con el exterior de los cabecillas de las pandillas en prisión, desde donde seguían delinquiendo.
Pero en el caso de Honduras, la reducción de los asesinatos ha cambiado poco la vida de pobladores en barrios dominados por pandillas, que controlan los pequeños negocios y la movilización de personas, según Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional.
Los gobiernos de los tres países se congratulan por la reducción de homicidios a pesar de que se mantienen otros delitos como hurto, asaltos, extorsiones y actividades relacionadas con el narcotráfico.
«La inseguridad pública es el reflejo de una crisis social y en la medida que se resuelvan las causas estructurales de la violencia, se va a construir una seguridad democrática sin muertes», dijo Carrillo.
«Duelo trinacional permanente»
El analista y profesor universitario salvadoreño Roberto Cañas advirtió que los gobiernos del Triángulo Norte no deben hacer «cuentas alegres» a partir de la reducción de las «estadísticas de la muerte» sin tomar en cuenta el futuro incierto que enfrentan muchas familias ante la violencia.
«Se debería declarar duelo trinacional permanente, porque por cada homicidio que se comete hay de cinco a ocho familiares de la víctima» que sufren, reflexionó Cañas, llamando también la atención sobre el aspecto socioeconómico de las cifras de homicidios.
Quienes dependen de las víctimas «quedan desamparados, quedan huérfanos, y viviendo un profundo dolor social que a veces sufren en silencio y en privado por temor a más violencia», agregó.
Guatemala, El Salvador y Honduras comenzaron a recibir el año pasado 750 millones de dólares de Estados Unidos como parte de la iniciativa Alianza para la Prosperidad, que busca reducir la violencia con programas de prevención y generación de empleo, así como disuadir a la población de migrar ilegalmente a la nación del norte.