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Ricardo Olmos
Economista
Las fuentes de inspiración de nuevos planteamientos teóricos y prácticos que provoquen el establecimiento de la democracia real en economías con debilidades en sus aparatos institucionales pasa por la instalación de mecanismos novedosos que faciliten la modernidad institucional, principalmente en países pobres como los nuestros.
En ese marco, la perspectiva de análisis que explora la Nueva Economía Institucional, NEI se encuentra vinculada al papel de la matriz institucional en el crecimiento y desarrollo económico, el cual representa un nuevo desafío para encontrar la relación entre los factores que obstaculizan o potencian a las instituciones como fuente de desarrollo económico y social. Los resultados y avances de la teoría económica se encuentran unidos a los estudios empíricos que profundizan la idea que el cambio institucional es la base para explicar las debilidades y desempeño de las economías actuales.
¿Existen opiniones especializadas en el ambiente académico e intelectual que hayan depositado la confianza en las instituciones como factor del crecimiento y desarrollo económico?¿Cuáles son los aportes de la Nueva Economía Institucional al crecimiento y desarrollo económico? ¿Cuáles son las causas del reducido progreso económico y social de América Latina?
Douglass North, premio Nobel de Economía, mención que se le acreditó el 9 de diciembre del año 1993, indica que la NEI ofrece una perspectiva integral desde el marco de las ciencias sociales cuando promueve explicaciones en el sentido de que el reducido progreso socio económico de los países con débiles niveles de crecimiento económico y desarrollo, se debe a la configuración de un tipo de matriz institucional, a la configuración de un tipo de instituciones que son restricciones pero que le sirven a los individuos. Entre ellas las que se vinculan con el Estado y aquellas que se vinculan con el mercado, ambas, al mismo tiempo son producto de la inventiva del ser humano a lo largo de la historia.
Esta perspectiva se encuentra en desacuerdo con quienes depositan solamente la confianza en el componente del sector externo de la demanda agregada, confiando en los buenos precios internacionales de las materias primas, ya sea del café, frutas, flores o minerales comúnmente denominadas commodities, como el mecanismo que promoverá el progreso económico de nuestras economías. ¿Se debe continuar confiando solamente en el sector externo como impulsor del crecimiento económico y desarrollo nacional? ¿Debemos confiar en la suscripción de más tratados comerciales como estrategia que posibilite el crecimiento y desarrollo nacional? ¿Existe otra vía?
Los recientes hallazgos del papel que juegan las instituciones en el crecimiento económico y el desarrollo mueven a la reflexión a muchos teóricos de las ciencias sociales que están interesados por descubrir o redescubrir la importancia de las instituciones como fuentes propulsoras del cambio económico.
Esta nueva visión permite, en efecto, observar las nuevas aristas metodológicas para orientar las nuevas estrategias que nos conduzcan a mayores niveles de eficiencia económica en la región.
Hoy más que nunca se vuelve prioritario, por variadas razones, orientar la investigación de los factores que hacen posible pasar de la ineficiencia a la eficiencia institucional y cómo el sector público y el mercado deben ser sujetos a esa investigación, ambos conceptos que además forman parte de las instituciones y que deben conectarse con el crecimiento y desarrollo económico. Se trata en efecto de revisar los marcos regulatorios, que puedan reducir los impactos de las fallas del mercado y que al mismo tiempo sea la base para la búsqueda de los fundamentos de las sendas para encontrar el desarrollo.
Las visiones unilaterales y sesgadas que privilegian ya sea el mercado o el sector público sobre el funcionamiento del sistema económico prevaleciente son taras que aún permanecen en las prácticas de los agentes que participan en la vida económica, es decir organizaciones económicas de todo tamaño, los partidos políticos de todos los colores y aquellos que aún se quedan desde su comodidad sin proponer soluciones a los problemas nacionales, o de aquellos que se oponen solamente por oponerse con posicionamiento ideológicos de derecha o de izquierda sin tener argumentos objetivos sin observar que el país requiere de todos.
Los retos de los agentes que promueven el cambio institucional deben en primer lugar modelar los componentes básicos del nuevo proyecto de sociedad posible y deseable para los salvadoreños; en un segundo lugar, las capacidades institucionales establecidas que pueden ser orientadas hacia la construcción del nuevo institucionalismo que promueva el desarrollo.
El Salvador se encuentra en un proceso cuyas fuerzas interesadas por instalar nuevas ideas en materia de un institucionalismo, que fortalezca las instituciones democráticas en el país, aún está en juego. La defensa del nuevo institucionalismo establecido luego de “Los Acuerdos de Paz” es insuficiente para prevalecer el cambio institucional. Los liderazgos institucionales en el sector público aún son opacos y no generan nuevas modalidades para consolidar las fuerzas que promueven el cambio. También, los que en un momento se decantaron por el cambio económico como agentes de la sociedad civil son hoy los que pretende reducir los impactos de los cambios institucionales que son la prioridad del actual período histórico del país.
Prestarle atención al funcionamiento del sector público no debe de ser una tarea de menor importancia en este período histórico. La calidad del servicio público debe de ser el centro del quehacer institucional. Hay que observar quienes en efecto realizan un servicio efectivo a la gente en cada una de las instituciones y quienes se oponen a esta práctica afectando el buen funcionamiento institucional, tarea urgente y prioritaria de nuestras sociedades.
No se vale que amplios núcleos poblacionales se les prive del derecho a los servicios públicos ya sean estos de agua potable, al tránsito con la seguridad deseada, a la educación plena tanto del área urbana como rural, a la salud de los amplios núcleos más vulnerables como del conjunto de la sociedad, etc.
Las voces de los inconformes con visiones reduccionistas y sectoriales desean que las instituciones no funcionen y están a favor de los grupos de interés que aún predominan al interior de las instituciones, y son al mismo tiempo los que no permiten el cambio institucional orientado al mejor servicio a la población.
El liderazgo de primer nivel de las instituciones públicas en El Salvador debe procurar la defensa del servicio público y que este sea de calidad. Además, los derechos a los servicios públicos son constitucionales y aquel que atente y reduzca ese servicio no debe ser parte de los servidores públicos en el país. Es similar a la situación de las personas que incumplen sus compromisos tributarios, pues cometen un ilícito el cual debería ser severamente penalizado por la legislación salvadoreña.
El enfoque de la Nueva Economía Institucional promueve además la idea de primar los fundamentos de la teoría de la vocación colectiva por eliminar los límites que no dejan que las instituciones funcionen al servicio de la ciudadanía. Las fuerzas conservadoras que desean reducir los impactos institucionales son fuertes y poseen un componente gravitacional ideológico que reduce el cambio histórico requerido en nuestras sociedades.
