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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
El diputado por Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, y Linda Funes (suplente), presentaron una pieza de correspondencia para que se emita la “Ley de responsabilidad integral del Estado salvadoreño con las personas víctimas de feminicidio y víctimas indirectas del feminicidio”, esto en acompañamiento a la ciudadana Marielos Quezada, madre salvadoreña, que sufrió el feminicidio de su hija, Fernanda Nájera, el 31 de enero del 2019, a manos de Michael Castillo, ex pareja sentimental.
El asesinato de Nájera habría ocurrido en Ataco, Ahuachapán, frente a su hijo de un año, que fue abandonado por su padre por 48 horas en medio de un cafetal.
El diputado Wright Sol sostuvo que casos como el de Quezada son razón por la que presenta dicho proyecto de ley. “No podemos permitir que estos casos sigan quedando impunes, y, sobre todo, nos debemos preguntar como sociedad cuál es nuestro rol para evitar que sigan sucediendo”, declaró.
El parlamentario informó que se han acumulado desde el año 2014 hasta el 14 de febrero de 2023: 2,031 feminicidios. “2,031 feminicidios, que duro es este número, pero hay que entender que no es solo una cifra, son mujeres a las que les quitaron su vida. Son 2,031 familias a las que el Estado salvadoreño les ha fallado”.
Con este proyecto de ley, dijo el funcionario, se busca una reparación integral para las víctimas indirectas de los casos de feminicidios, ya que el país, hoy por hoy, tiene una deuda con todas las personas que perdieron a su madre, hija, hermana, nieta, sobrina, tía, por causa de un feminicidio.
El feminicidio rompe el tejido social en el que el Estado es responsable por la omisión en la aprobación de políticas públicas y legislación que tenga por finalidad la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas. Esta falta provoca que las víctimas indirectas pasen por un proceso psicológico, familiar, social y económico para el cual no están preparadas, planteó la fracción de Nuestro Tiempo.
Para la analista de la fracción, Keyla Cáceres, los feminicidios no son un delito aislado, en su base tienen la inoperancia del Estado en la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas. En ese sentido, con el cuerpo normativo que presentaron no solo se busca la persecución del delito si no, la no repetición para alcanzar una vida libre de violencia para todas las mujeres y niñas.
La ley crea un Fondo Económico de Reparación Integral para Sobrevivientes de Feminicidio y para las Victimas Indirectas del Delito de Feminicidio y Feminicidio Agravado, que sería del 8% del presupuesto anual del Estado, el cual será aplicado por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).
Con la legislación se reconoce el deber que tiene el Estado y el derecho que le asiste a las víctimas sobrevivientes de feminicidio, que han sufrido daños en su integridad física, psíquica y moral, así como en sus proyectos de vida personales, familiares y profesionales, a la reparación integral del daño causado por la violencia extrema contra las mujeres, garantizando que puedan construir un nuevo proyecto de vida, en reconocimiento de sus derechos, incluido el de acceso a la justicia.
El derecho a la reparación integral incluye contenidos económicos, de prestación de servicios y simbólicos. Las personas beneficiarias serían las mujeres sobrevivientes de feminicidio y las víctimas indirectas del feminicidio o feminicidio agravado. También se consideraría como beneficiaría los hijos e hijas de las mujeres víctimas de feminicidio, hasta su mayoría de edad o hasta los veinticinco años de edad en caso de que continúen sus estudios. Las familiares hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad que conviven con la mujer víctima al momento del feminicidio. Las personas adultas mayores en primer grado de consanguinidad o afinidad, dependientes del cuido y manutención de la mujer víctima de feminicidio.
El régimen de reparación integral consistirá en: Subsidio mensual para cada persona beneficiaria de parte del Fondo Económico de Reparación Integral para Sobrevivientes de Feminicidio y Victimas Indirectas, equivalente a medio salario base. Atención prioritaria y garantía de acceso irrestricto a los siguientes servicios y programas estatales para todas las personas beneficiarias de este régimen: Asistencia médica psicológica y psiquiátrica continúa brindada por el sistema de salud público. Becas de estudio en todo el proceso educativo, desde el preescolar hasta la educación superior pública. Bonos de vivienda para uso exclusivo habitacional, que se ajusten a los requisitos de la entidad estatal encargada.
La reparación simbólica consistirá en realizar acciones públicas por parte del Ejecutivo, en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Nacional e Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, con el objetivo de reprochar los feminicidios ocurridos durante el último año.
La fracción espera que el proyecto de ley sea considerado por los parlamentarios para proteger a las mujeres y niñas del país.
Recientemente, la Asamblea aprobó reformas a los artículos 32 y 34 del Código Procesal Penal con el fin de que los plazos judiciales de los delitos de feminicidio y feminicidio agravado no caduquen.
Los legisladores también avalaron incorporar el artículo 58-A a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), para reforzar la no caducidad de este tipo de hechos cometidos en contra de las mujeres y para que no queden en la impunidad.
