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Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador.
El 28 de julio de 2010, a través de la resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó resolver, reconocer explícitamente al agua como un Derecho Fundamental Humano, subrayando que su acceso debe ser en condiciones de potabilidad y limpieza aptas para su consumo y uso, habiéndose garantizado los procesos de parte de los estados firmantes de aquel acuerdo para que estas características sean cumplidas, anulando así cualquier posibilidad de que el recurso constituya una amenaza para las personas.
Añade la resolución que los estados deberán desarrollar las tecnologías apropiadas no solo para lograr los fines descritos arriba, pero además para que el recurso hídrico no sea gestionado por privados, estableciendo las políticas para hacer del recurso un bien sustentable y sostenible, asegurando los mismos privilegios para las generaciones venideras.
Nuestro país es uno de aquellos firmantes del acuerdo que reconoce el Derecho Humano Fundamental al Agua.
De entonces a la fecha las diferentes administraciones no han hecho sino evadir su compromiso político en torno al tema, dándole largas a la legislación que se encuentra obligadas impulsar, para de esa forma establecer de acuerdo a aquella resolución los derechos y deberes de la ciudadanía concernientes al agua, así como regular los medios para garantizar la sustentabilidad del recurso, y definitivamente, negándose a establecer el derecho en cuestión, como uno reconocido plenamente por la legislación vigente, permitiendo en cambio continuas concesiones a privados, asegurándoles el expolio de un bien que nos pertenece por décadas, mientras se descuida en particular a las comunidades más desvalidas.
Mas sacrificables en sus términos pues, en opinión sobre todo de la política conservadora, “sustituibles”, por su naturaleza voluble políticamente hablando.
En esos términos lo evidente es que la actual administración tiene como una de sus prioridades la privatización del recurso hídrico, garantizando mediante acuerdos la concesión del agua a privados, para que la gestionen por períodos tan absurdos como 30 años, en proyectos habitacionales para las élites, excluyendo a la población, expoliándola y enriqueciéndose por ello, mientras que las comunidades reseñadas se ven expuestas a la negación tácita del recurso, o en su defecto a una sensible disminución de su acceso en aras de privilegiar a los de siempre.
El extremo de esta política es la actitud asumida por los diputados de la comisión que adelantan las discusiones sobre el tema, que sin criterio o mínimo sentido de la responsabilidad que supone legislar para nuestro pueblo, se reducen a seguir los dictados de CAPRES, sin discusión, sin debate, simplemente haciendo lo que se les indica, como autómatas, ausentes de ningún carácter.
El colmo es llamar por formalismo a la ciudadanía que por iniciativa propia desarrollo un proyecto debidamente sustentado para gestionar y administrar al agua, “escuchándolos” por 20 minutos sin realmente escuchar.
En tales términos solo se confirma la tesis de que la presidencia no esta interesa mas que en la privatización, por lo que como ciudadanía deberemos encontrar los medios para que el recurso cumpla con su razón de ser, y el estado también.
