Luis Arnoldo Colato Hernández
El activo más valioso de las naciones luego de las personas que las componen, es el agua, pues de ella depende la vida misma.
Es decir, de ella derivan la salud de la población, la producción y el desarrollo sustentable, lo que define cuan crítica es su tenencia, considerando además que solo el 2.4 % de la misma es dulce y puede consumirse (UNESCO/INFOHYDRO).
En el caso particular de nuestro país, de acuerdo al informe elaborado por el MARN en 2016, es el 6 % del recurso hídrico el que puede ser usado sin riesgo en tareas domésticas –principalmente para su consumo e higiene, calculando hasta 150 litros por persona al día, de acuerdo a la misma fuente-, como en la industria y la agricultura.
Sin embargo, a pesar de lo acotado por dicho informe, lo cierto es que la calidad del agua a la que puede acceder la población se encuentra en buena medida contaminada [68 %], no siendo apta incluso para el riego de la flora y constituyéndose en una verdadera amenaza al ser consumida por seres vivos, agravándose en el presente por las implicaciones de la pandemia.
Hay que subrayar que, en un informe por separado de ANDA, se señala como hasta el 8.7 % de la población carece de acceso al agua, de la que hasta el 99 % suple sus necesidades en fuentes superficiales que no ofrecen ninguna garantía para su consumo.
Ahora bien, desde el 28 de julio de 2010, la asamblea general de la ONU y a través de la resolución 64/292 reconoce el derecho implícito al agua, sumando el acceso a ésta al decálogo de derechos fundamentales y con las condiciones que dicha resolución subraya y distingue, lo que el Estado salvadoreño suscribió casi de inmediato, pero que en la práctica no hace, pues privilegia el consumo de ésta por privados.
Un ejemplo crudo de ello lo constituye las trasnacionales Coca Cola, MECAFE y JUMEX, que adquirieron sin dificultad el derecho de expolio de las fuentes hídricas de la localidad en las que se alojan de parte de ANDA, lo que ha derivado en que al menos 45 posos, entre 2008 y 2016, se secarán solo en San Salvador, exponiendo a los 2,1 millones de personas que la habitan a los riesgos que se derivan del poco o nulo acceso al agua.
Otro ejemplo extremo es el Valle del Ángel, donde a pesar del esfuerzo de sus habitantes y de los riesgos reconocidos que entraña el expolio de las fuentes hídricas del lugar, el Estado salvadoreño ha entregado su administración a una empresa constructora, que eventualmente tensionará más el acceso al agua.
Es decir, a pesar de que el estado salvadoreño reconoce el derecho fundamental al agua, sigue denegando el acceso a ella, privilegiando a las industrias cañera y constructora, incumpliendo sus obligaciones constitucionales [art. 117/Cn] subrayadas desde la sala de lo constitucional, en su amparo 513-2012, por lo que como ciudadanos y por separado, deberemos encontrar el modo de asegurar nuestro derecho al agua.