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Por Leonel Herrera*
Estimados y estimadas ex combatientes:
Hace casi cuatro meses les advertí que una eventual condena contra los líderes de la comunidad Santa Marta y de la asociación ADES sentaría un grave precedente jurídico que permitiría perseguir a cualquier persona que perteneció, colaboró o simpatizó con las organizaciones insurgentes del conflicto armado.
Fundamenté dicha alerta en que la acusación penal de la Fiscalía General de la República contra contra los defensores ambientales califica como “delictivas” a la Resistencia Nacional y a las demás agrupaciones que integraron el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) durante la guerra civil (1980-1992) y lucharon contra la represión, las desigualdades y la injusticia social.
Mencioné lo que implicaría pasar del relato negacionista sobre que “la guerra no existió” y “los Acuerdos de Paz son una farsa”, a una reelaboración jurídica de la historia que criminalizaría a todos los y las ex combatientes, a pesar de la Ley de Reconciliación Nacional, los Acuerdos de Paz y la Declaración Franco-Mexicana de 1981.
Hechos posteriores confirmaron dicha advertencia, sobre todo el posible cierre del Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Ex combatientes (INABVE). Según denunciaron organizaciones de veteranos a finales de diciembre pasado, dicho instituto especializado sería reemplazado por una instancia general de bienestar social que atendería a diversos sectores vulnerables.
Una consecuencia muy significativa de esto sería que los y las ex combatientes perderían su condición de sujetos históricos reconocidos por los Acuerdos de Paz y estarían en la misma condición que los adultos mayores, las personas con discapacidad y otros grupos poblacionales que demandan protección estatal.
Y no digo esto con ánimo discriminador ni en menoscabo de los derechos y la dignidad de estos sectores, pues todas las personas tenemos iguales derechos; sino que me refiero al particular sentido político de las reivindicaciones específicas de quienes participaron en el conflicto armado. Esta “pérdida de calidad” sería una justificación para eliminar beneficios para los y las excombatientes y sus familias.
De hecho, en enero del año pasado fue cerrado el Fondo de Protección de Lisiados (FOPROLID) y en diciembre los veteranos no recibieron el “aguinaldo”. El gobierno destinó millonarios fondos para “Miss Universo”, propaganda, lobistas, asesores y paquetes alimenticios con fines electorales; pero no para cumplir obligaciones con los ex combatientes.
También en diciembre hubo otro acontecimiento que no debe pasar desapercibido por veteranos y ex combatientes, ya que también está relacionado con la reelaboración de la historia y la persecución política tomando como pretexto hechos del pasado. Me refiero a la fallida orden de captura contra Rubén Zamora, emitida por la jueza que lleva el juicio por la masacre de El Mozote.
Finalmente, observen que cuando personeros gubernamentales derribaron el Monumento a la Reconciliación, previo a la conmemoración de la firma de los Acuerdos de Paz, el presidente reelecto inconstitucionalmente el pasado 4 de febrero escribió que dicha obra era una “glorificación del pacto de asesinos del pueblo”.
Tal afirmación sigue el guion negacionista y también podría ser otra justificación para el despojo de la condición histórica de los ex combatientes, eliminar sus reivindicaciones y perseguir penalmente a quienes resulten incómodos para el régimen, como los activistas ambientales de Cabañas cuya lucha en la defensa del agua y la vida representa un obstáculo para la reactivación de la minería metálica.
Sin embargo, en este panorama de pérdida de derechos, criminalización y persecución, son alentadoras algunas señales de unidad del sector de veteranos y ex combatientes. Dos batallas claves para esta articulación de actores del conflicto armado son -sin duda- revertir la acusación contra Santa Marta y evitar el cierre del INABVE.
Fraternales saludos.
*Periodista y activista social.
