Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Santiago / AFP
Paulina Abramovich
Cuando las protestas en Chile pierden algo de poder de convocatoria y ganan en violencia, se perfilan como posibles salidas a la crisis un llamado a plebiscito, una nueva Constitución, la implementación de un proceso de diálogo ciudadano o, los más escépticos, apostar al desgaste del movimiento.
A casi tres semanas de un estallido social que desconcertó a muchos pero que para otros se veía venir desde hace años, incubado en las múltiples desigualdades de la sociedad chilena, son pocos los que se atreven a plantear una única solución.
Sin líderes visibles ni petitorio claro, el desafío es responder al mayor número de propuestas que emergen de las calles, que incluyen una mejora a la salud, educación y las pensiones.
Para la mayoría de los partidos de oposición, la opción más viable y rápida para desactivar la crisis es llamar a un plebiscito para que una nueva Constitución reemplace la que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Para muchos esa Constitución promovió la desconexión con la ciudadanía que hizo estallar la crisis.
Creada en dictadura y aprobada en 1980 en un plebiscito sobre el cual siempre hubo muchas dudas, una nueva carta fundamental es vista como una especie de nuevo punto fundacional sobre el cual establecer un nuevo orden social, más igualitario en Chile, uno de los países más desiguales de la región.
«La salida democrática es llamar a un plebiscito para una nueva Constitución», afirmó el jueves el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, poco después de la serie de anuncios que realizó el presidente Sebastián Piñera para aumentar el orden público, sin mencionar nuevas medidas sociales ni políticas.
Además de proponer leyes para sancionar a los encapuchados y a quienes realicen barricadas en las calles, el presidente decidió también citar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), un organismo que hoy en día solo de carácter consultivo pero que en la dictadura alcanzó un gran poder, al estar mayoritariamente representadas las fuerzas armadas.
«Citar al Cosena es un formalismo que no sirve de nada para resolver la crisis nacional, y solo subraya que el gobierno es incapaz de resolverla. Cuánta más violencia acontecerá para decidir un pacto social y un plebiscito para una nueva Constitución», estimó Heraldo Muñoz, presidente del opositor Partido por la Democracia (PPD).
Para los partidos de gobierno, en cambio, los esfuerzos deben concentrarse en «satisfacer las demandas prioritarias, que son pensiones, medicamentos y sueldo mínimo», según comentó Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI).
La Constitución actual no establece mecanismos para poder reemplazarla, tampoco le entrega al presidente la posibilidad de llamar a un plebiscito, un mecanismo reservado solo para casos cuando hayan diferencias graves con el Parlamento.
Entonces, para ejecutar esta consulta el presidente Piñera debería impulsar antes una reforma constitucional y presentarla ante un Congreso donde la oposición es mayoría.
– Diálogos sin temas vetados –
Cuatro días después de que arrancaron las primeras protestas, primero por el alza en la tarifa del metro, el mandatario anunció un paquete de 15 medidas, entre ellas aumentar -con subsidios- el salario mínimo hasta 350.000 pesos (466 dólares), bajar las tarifas eléctricas y aumentar las pensiones básicas.
Pero éstas fueron calificadas de insuficientes por opositores y manifestantes y no han logrado acallar las protestas, que siguen vivas en las calles de Chile, alcanzado incluso a barrios acomodados de Santiago.
Aunque Piñera se abrió esta semana, por primera vez, a una reforma Constitucional, su gobierno apuesta por la instauración de «diálogos ciudadanos», que se extenderían por unos dos meses.
Esa propuesta está en línea con la que hizo el mandatario francés Emmanuel Macron para hacer frente a la crisis social que se abrió con las demandas de los «chalecos amarillos», una situación que el propio Piñera evocó hace dos semanas. En Francia, se dieron reuniones de cabildos con autoridades locales y un diálogo directo del propio presidente con autoridades y ciudadanos.
«La próxima semana es nuestro desafío que empiece el proceso de diálogo con este formato, además, permitiendo que este debate llegue a todo el país», anunció el miércoles el ministro de Desarrollo social, Sebastián Sichel.
«No hay temas vetados; vamos a discutir todos los temas. Son los ciudadanos quienes ponen la agenda y parte importante de lo que le vamos a pedir al consejo directivo que va a dirigir este proceso de diálogo, es exactamente que defina la metodología pero sin veto de temas», agregó el funcionario.
Algunos más escépticos, sin embargo, creen que el gobierno apostaría por dilatar la entrega de respuesta, a la espera de desgastar y disolver al movimiento social, que sin tener hasta ahora interlocutores ha dado varias muestras de poder.
