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Por Javier Tovar
Los Angeles/AFP
California demandó al gobierno del presidente Donald Trump por su plan de construir un muro en la frontera con México.
Al lado de una de las rejas que ya divide la línea fronteriza en San Diego, el fiscal de California -secretario de Justicia-, Xavier Becerra, acusó a Trump de violar la Constitución y leyes con la forma como quiere ejecutar este proyecto.
«El gobierno Trump ignoró de nuevo las leyes que no le gustan para poder resucitar un discurso de campaña», indicó.
Es la segunda demanda en 10 días, después que el mismo Becerra demandó la decisión del presidente de eliminar un programa que protege a jóvenes indocumentados que llegaron al país de niños, el DACA.
En otro punto de San Diego, el fiscal general Jeff Sessions dijo que confiaba en que la demanda no prosperaría, indicaron medios de prensa.
«Esperamos tener total éxito en seguir adelante con el muro en la frontera con fondos, cuando el Congreso nos apruebe los fondos», dijo el responsable.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS del inglés), responsable del proyecto, informó el 2 de agosto que construiría en San Diego varios prototipos del muro y remplazaría 14 millas (22,5 km) de la cerca principal y una secundaria con una muralla sólida, según un comunicado del despacho de Becerra.
El gobierno anunció después, hace tres semanas, que había seleccionado a cuatro empresas para construir estos prototipos.
«Si tienes planeado algún negocio en California, y eso incluye al presidente, tienes que estar preparado para seguir la ley», añadió Becerra, de padres mexicanos y el primer latino en llegar a esa posición.
«Lo correcto»
Sessions viajó a California para acompañar una rueda de prensa sobre decomiso de drogas.
En varios operativos, la Guardia Costera confiscó 25 toneladas de cocaína y heroína que trataron de ingresar ilegalmente al país, y detuvo a 600 presuntos narcos y contrabandistas.
«Si traes drogas o sustancias ilegales serás procesado, y si vienes al país [ilegalmente] y te capturan, serás deportado. Eso es lo correcto», indicó.
Trump llegó al poder con un duro discurso anti-inmigrantes, en el que prometió además del muro, que dijo México pagará «de alguna u otra manera», deportar a los 11 millones de indocumentados que están en el país.
La mayoría son de México o Centroamérica, y la mayoría está en California, un estado que está a punto de sancionar una ley que lo convertiría en un «estado santuario» de manera que no cooperaría en operativos de la autoridad federal migratoria.
«Una de las cosas tristes es que tenemos desacuerdos en estas ciudades o estados santuarios, y el rechazo de ciertas jurisdicciones a colaborar con nuestros colegas, la mayoría agentes de [la policía migratoria] ICE, quienes tienen la responsabilidad, según la ley, de arrestar a las personas que están en el país ilegalmente y que cometieron, además, crímenes contra Estados Unidos y deben ser deportados», dijo el fiscal.
«Me parece casi increíble que estados y ciudades se opongan a esto», siguió Sessions, que además reiteró su rechazo a la legalización de la marihuana. «No sé en qué beneficia al país si se vende en cada esquina, lo que sí sabemos es que la legalización aumenta el uso».
Aunque ilegal a nivel federal, el consumo recreacional del cannabis es permitido en ocho estados, incluido California, por leyes regionales.
Las 25 toneladas de cocaína y heroína fueron incautadas en 45 días a través de 25 operaciones de la Guardia Costera en varias regiones del país.
La Guardia estimó que el cargamento está valorado en 679,3 millones de dólares e indicó que en lo que va de año fiscal 2017 -que inicia en octubre 2016- se aprehendieron 206 toneladas, más que las 200 de todo el período anterior.
