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Koos Jacobus Andries Koster, Jan Corenlius Kuiper Jop, Hans Lodewijk ter Laag y Johannes Jan Willemsen fueron asesinados el 17 de marzo de 1982 tras una emboscada tendida por el Ejército de ese entonces, mientras trabajaban en un reportaje sobre la situación de la población civil que sobrevivía a los operativos contrainsurgentes denominados de “tierra arrasada” en la zona de Chalatenango.
“Las únicas armas que les acompañaban eran cámaras, grabadoras, plumas y libretas”, señalaron los abogados representantes de los periodistas asesinados.
Por este crimen, los familiares de los periodistas, quienes han sido apoyados y acompañados en el proceso previo de la investigación por el embajador del Reino de los Países Bajos (Holanda) para Centroamérica Peter Derrek Hof, interpusieron la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR).
“Estoy aquí porque el asesinato de estos periodistas ha dejado heridas profundas, sobre todo en los familiares y también en la sociedad de mi país. Para mi gobierno la lucha contra la impunidad, a favor de la libertad de expresión y la seguridad de periodistas es una prioridad en nuestra política exterior”, señaló el embajador holandés.
Pedro Cruz, abogado y presidente de ASDEHU, afirmó que “han presentado esta denuncia ante la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, que el caso quedó en la impunidad en el pasado y que nunca hubo una acusación concreta contra alguien en aquellas diligencias incipientes que se realizaron”.
El nuevo requerimiento ante la Fiscalía por este crimen en la época de la guerra civil salvadoreña señala como presuntos autores intelectuales de la masacre al coronel Mario Adalberto Reyes Mena, excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería con sede en El Paraíso, Chalatenango, así como al coronel Francisco Antonio Morán, exdirector de la extinta Policía de Hacienda.
De igual forma, solicitan se investigue al entonces general José Guillermo García, exministro de Defensa Nacional y jefe de la Fuerza Armada (FAES), al general Rafael Flores Lima, exjefe del Estado Mayor General de la FAES, y a miembros del Batallón Atonal, quienes serían señalados como autores materiales del asesinato.
“Con esto pensamos que se puede empezar a hacer justicia en este grave hecho de violación no solo a la libertad de pensamiento, a la libertad del ejercicio del periodismo, sino, sobre todo, al derecho a la vida”, afirmó Cruz.
Sobre este caso recalcaron que el Informe de la Comisión de la Verdad concluyó que “el 17 de marzo de 1982 en horas de la tarde, cuatro periodistas holandeses acompañados por cinco o seis miembros del FMLN, algunos de ellos armados, cayeron en una emboscada tendida por una patrulla del Batallón Atonal de la Fuerza Armada salvadoreña cuando se dirigían a territorio controlado por el FMLN(…) la emboscada fue preparada deliberadamente para sorprender y dar muerte a los periodistas y sus acompañantes”.
Añade el informe que “la decisión de emboscarlos fue tomada por el coronel Mario A. Reyes Mena, comandante de la Cuarta Brigada de Infantería con el conocimiento de otros oficiales” de rango.
Después de 36 años, el embajador Peter Hof solicitó al fiscal general de la República Douglas Meléndez “que haya una investigación seria y por supuesto que los (señalados) sean juzgados por el sistema salvadoreño”, y que ante esta denuncia formal, los implicados se sometan a la aplicación del Código Procesal Penal vigente, que la Fiscalía investigue y presente a los responsables ante la justicia y que sea esta quien determine si son culpables o inocentes.
“Si son culpables que cumplan una pena”, concluyó el abogado Pedro Cruz.
