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Mirna Jiménez
@DiarioCoLatino
El abogado José Marinero, presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), manifestó que la Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionados por la pandemia de COVID-19, aprobada el miércoles por la nueva Asamblea Legislativa, afecta la transparencia y otras reglas de competencia.
“Lo que hace esta nueva ley para el uso de productos médicos es apartar completamente el régimen de LACAP, quitando las reglas de transparencia, las reglas de competencia y de control, que además existen en la LACAP, para asegurar que los recursos se utilicen de la mejor manera”, advirtió Marinero.
Agregó el abogado que estas normas de la LACAP ni siquiera son sustituidas por otras reglas para las compras, sino que la nueva ley autoriza al Gobierno usar lo que denominan “pliegos de términos”, pero no establece en qué procedimientos se van a utilizar esos documentos donde de describirían las condiciones previas a la contratación, y después se procedería a la contratación de forma directa.
“Es decir, sin concurso, eligiendo de dedo quien va ser el contratista del Estado. Y se refiere no solamente al Ministerio de Salud, sino a todas las instituciones que conforman todo el Sistema Integrado de Salud, donde estaría incluido el ISSS, el ISRI y otras instituciones”, explicó.
Marinero agregó que el artículo 5 de la ley, donde se excluye de responsabilidades legales a todos los que participan en la secuencia de producción, distribución, venta y compra de estos productos médicos para atender la pandemia, es una puerta abierta a la impunidad.
“Esencialmente lo que hace la ley es, primero autoriza la contratación sin reglas y luego excluye cualquier posibilidad de reclamos posteriores por el uso que se haga o las decisiones que se adopten en ese proceso y los perjuicios que puedan causarse a la ciudadanía en el transcurso de ese procedimiento”, detalló el presidente del DTJ.
Marinero agregó: “Las posibilidades de utilizar mal esta autorización son evidentes, abiertas para poder contratar prácticamente con quien quieran” los funcionarios del Gobierno facultados por la nueva ley.
Y aunque hay otras normativas que pueden aplicarse para evitar la compra a familiares u otras formas proclives a la corrupción, como la Ley de Ética Gubernamental, “el espacio queda abierto para que las contrataciones sean irregulares”, explicó en el programa República de Canal 33.
Pero la ley también permite la aplicación retroactiva de las contrataciones y compras directas relacionadas con la pandemia, sin procedimientos, sin competencia ni transparencia.
Marinero dijo que la Constitución de la República establece que las leyes pueden ser retroactivas únicamente en lo referente al orden público y de materia penal cuando sean beneficiosas al reo.
En el caso de la ley recién aprobada, la Asamblea la declaró de orden público y ha quedado en manos de la nueva Sala de lo Constitución que tendría que pronunciarse si en realidad la nueva normativa cumple con esa condición de orden público.
El abogado dijo que los nuevos magistrados difícilmente tomarán una decisión contraria a los deseos del presidente de la República y su partido porque precisamente han sido nombrados para que obedezcan a sus decisiones.
“Difícilmente, al ser personas impuestas por el Ejecutivo van a cuestionar una decisión adoptada por otro órgano que también es controlado por el Ejecutivo. Dado que los tres poderes ahora se han concentrado en una sola persona, va a ser difícil que ahora uno de estos controle al otro”, dijo Marinero.
