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Washington/AFP
Gerardo Maronna
Un simple funcionario del estado de Illinois, Mark Janus, podría eternamente quedar asociado con uno de los mayores golpes contra los sindicatos de Estados Unidos.
Empleado del servicio de protección a la juventud de la ciudad de Springfield, Janus quedó este lunes en el centro de una batalla judicial en la Suprema Corte que examina su oposición a pagar los aportes obligatorios a los sindicatos.
«Debo pagar una cotización cuando no soy miembro del sindicato», dijo Janus en el sitio web Reason.
«Mi derecho a decir ‘no’ es por lo menos tan importante como mi derecho a decir ‘sí'», añadió
En 1977 la Suprema Corte sentenció que es legítimo exigir a un asalariado que aporte a su sindicato una cifra razonable, debido a que ese sindicato es el encargado de negociar acuerdos colectivos que interesan a todo el personal.
Janus sin embargo sostiene que ese aporte forzoso viola su libertad de expresión protegida por la Constitución.
Trump apoya a Janus
Su acción tiene el apoyo del gobierno del presidente Donald Trump, numerosas organizaciones conservadoras y el de 19 de los 50 estados de la Unión.
En contraste, el sindicato federal que agrupa a empleados de estados, condados y municipios (AFSCME), tiene el respaldo de 20 estados y el de Washington, la capital federal.
«Todos me dicen que esto tiene consecuencias nacionales pero yo soy un ciudadano medio que defiende sus derechos y libertades», dijo Janus en un instituto de estudios políticos de Illinois.
La cuestión es de crucial importancia para los sindicatos. Si los aportes obligatorios son declarados inconstitucionales perderán millones de afiliados y millones de dólares.
Conscientes del desafío, decenas de manifestantes protestaron ante la sede de la Suprema Corte este lunes.
La AFSCME denuncia un «flagrante esfuerzo por silenciar la voz de los asalariados» basado en «la hostil ideología de los millonarios y los intereses de las empresas».
El caso se inscribe en una ofensiva que lleva décadas y que apunta a erosionar la influencia de las centrales sindicales.
El tema llegó recientemente a la Corte Suprema cuando funcionaba con uno de sus nuevos cargos vacantes y entonces estaba dividida entre cuatro magistrados progresistas y cuatro conservadores.
El 29 de marzo de 2016 un caso planteado por un sindicato de educadores terminó con un empate de cuatro a cuatro y no sentó jurisprudencia. Los sindicatos sintieron un alivio que no duró mucho pues después Trump llenó la vacante con un juez considerado muy conservador, Neil Gorsuch.
El campo antisindical espera ahora que Gorsuch aporte el quinto decisivo para la victoria que esperan los conservadores.
Millones de empleos concernidos
En la audiencia del lunes, Gorsuch se mantuvo en silencio pero dos de sus pares conservadores, Samuel Alito y Anthony Kennedy, expresaron su oposición al actual sistema.
Los magistrados considerados progresistas, en tanto, alertaron que admitir el reclamo de Janus sería como patear un hormiguero: las consecuencias serían imprevisibles.
La tasa de sindicalización de Estados Unidos viene declinando desde la década del 50 pero esa caída afecta menos al sector público que es en donde trabaja Janus. En el sector privado, los sindicatos representan apenas al 6,5& de los asalariados.
Golpear a los sindicatos podría tornarlos «más militantes y agresivos», dijo el lunes David Franklin, abogado que defiende a Illinois en el caso Janus.
Ante la corte, el defensor de los sindicatos, David Frederick advirtió: «despertareis el imprevisible espectro de problemas sociales en todo el país».
La decisión final será tomada en los próximos meses y antes del fin junio.
